Inmaculada Revuelta Pérez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València. Según recoge una nueva sentencia del TJUE, España no ha acreditado el respeto de los requisitos exigibles a los vertidos procedentes de las depuradoras de cuatro aglomeraciones urbanas para “zonas sensibles”.
La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno autonómico será la encargada para ejecutar los proyectos de sellado de escombreras, mientras que las instituciones provinciales de Cáceres y Badajoz aportarán información sobre la situación de sus municipios y ayudarán a las entidades locales en la redacción de los proyectos de recuperación.
