Inmaculada Revuelta Pérez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constata que 37 vertederos no habían sido clausurados en el plazo fijado, mientras otros siete no se adaptaron a las exigencias de la directiva.
El proyecto contempla el despliegue de dos kilómetros de tuberías, una central de recogida y 136 buzones, y su importe se eleva a cuatro millones de euros.
La instalación tendrá capacidad para procesar hasta 10.000 toneladas anuales de productos de higiene absorbentes usados.
La empresa DAM –Depuración de Aguas del Mediterráneo- se encargará de la rehabilitación y mantenimiento de la depuradora de la región Foce Regi Lagni, en el área metropolitana de Nápoles y que da servicio a una población de 376.000 habitantes. Esta planta tiene una capacidad de depuración de 125.000 metros cúbicos.
Alodia Pérez. Amigos de la Tierra. Responsable de recursos naturales y residuos. A finales de año, una serie de entidades sociales, entre las que se encuentra Amigos de la Tierra, viajaron hasta Italia con representantes municipales, políticos y técnicos de 16 municipios para conocer diferentes experiencias de gestión de residuos.
Representantes de varias localidades españolas viajan a Treviso y Milán para conocer de primera mano sus exitosos modelos de recogida y gestión de residuos, que les han reportado elevados índices de reciclaje.
Ubicada en la castigada provincia de Caserta, la instalación tendrá una capacidad de producción de 1 megawatio.
Con una superficie de 25 hectáreas, el vertedero alberga unos dos millones de metros cúbicos de residuos, algunos de ellos extremadamente peligrosos.
El Parlamento italiano ha comenzado a trabajar en una propuesta de revisión de la legislación sobre residuos y reciclaje, que incluye, entre otras medidas, un mayor enfoque en la recogida selectiva.
Christian Morron Lingl Abogado TERRAQUI. Derecho ambiental El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE pide imponer a Italia y a Grecia una sanción de 60 y 3 millones de euros, respectivamente, y una multa coercitiva diaria de 158.200 € y 54.540 euros por incumplimiento de la normativa de vertido de residuos.
