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Según los responsables de la operación, desarrollada en Italia, Eslovaquia y Hungría, los sospechosos presentaban certificados y facturas falsas, simulando que los residuos eran chatarra procedente del extranjero.

Operación europea contra el tráfico ilegal de residuos metálicos

Quince personas han sido detenidas en Italia y Eslovaquia por tráfico ilegal de residuos metálicos, blanqueo de dinero y emisión de facturas y documentos falsos, en una operación contra la comisión continuada durante años de delitos medioambientales y fraudes que han generado unos beneficios ilegales de al menos 130 millones de euros. En la operación, coordinada por la Agencia de la UE para la Cooperación en Justicia Penal, Eurojust, se registraron 60 instalaciones y se incautaron equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentos.

Los sospechosos presuntamente compraban y vendían ilegalmente residuos metálicos desde 2015. Presentaban certificados y facturas falsas, simulando que los residuos eran chatarra, cuyo comercio está permitido si se presentan declaraciones de conformidad. Estas declaraciones son necesarias para rastrear la chatarra hasta su origen.

Según la Guardia di Finanza italiana, más de 18.000 toneladas de residuos metálicos se vendieron y procesaron ilegalmente en fundiciones operativas desde al menos 2018. Esto provocó posibles riesgos para la salud y además de afectar a la competencia en el mercado para las empresas que operan legalmente. Se facilitaron certificados, declaraciones y facturas falsas a través de una cadena de empresas ficticias en Eslovaquia, Hungría, Turquía, Egipto, Pakistán, China y Malasia. Estas facturas falsas permitían comprar el metal de forma irregular, simulando que procedía del extranjero.

Las investigaciones sobre las operaciones ilegales se iniciaron en 2018, a raíz de una transacción sospechosa entre una empresa de Eslovaquia y otra de Turín, que supuestamente implicaba cantidades anormales de dinero. Posteriormente, la dirección de distrito antimafia de la Fiscalía (PPO) de Turín y la Unidad de Policía Económica y Financiera desentrañaron el fraude a gran escala con documentos y facturas.

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