La División de Papel del BIR alerta de que la falta de registro de compradores asiáticos podría dejar sin destino entre seis y ocho millones de toneladas anuales de papel recuperado europeo. El sector también cuestionó los requisitos de auditoría previstos en el nuevo Reglamento de Traslados de Residuos.
La División de Papel de la Oficina Internacional del Reciclaje (Bureau of International Recycling, BIR) reclamó a la Unión Europea que retrase al menos seis meses la aplicación obligatoria del Sistema Digital de Traslados de Residuos (DIWASS). La organización advirtió de que las dificultades de adaptación de los compradores internacionales podrían comprometer las exportaciones europeas de papel recuperado y provocar importantes alteraciones en el mercado.
La petición se formuló durante la Convención Mundial del Reciclaje del BIR, celebrada esta semana en Málaga. Francisco Donoso, presidente de la División de Papel y director general de Dolaf Servicios Verdes, señaló que varios compradores de países asiáticos clave, entre ellos India, Tailandia y Malasia, desconocían la obligación de registrarse en el sistema o todavía no habían iniciado el proceso, pese a que el plazo previsto finaliza el 31 de diciembre de 2026.
El sistema DIWASS entró en funcionamiento el pasado 21 de mayo. Los agentes de la cadena de suministro de papel recuperado que intervengan en traslados con entrada, salida o tránsito por la Unión Europea deberán registrarse y utilizarlo antes de que termine el año.
Donoso advirtió de que, entre las más de 1.000 fábricas de papel de Asia, solo unas pocas decenas se habían registrado. Si los compradores y las plantas de destino no cumplen este requisito, Europa podría encontrar dificultades para colocar los entre seis y ocho millones de toneladas de papel recuperado que exporta anualmente.
«Estamos hablando de una catástrofe y un desastre», afirmó Donoso, quien pidió a las autoridades europeas que colaboren con expertos del sector del papel recuperado y del reciclaje para definir criterios de aplicación viables.
El sector cuestiona los requisitos del sistema digital
Las críticas también se centraron en las exigencias operativas de DIWASS. Marc Ehrlich, consejero delegado de Vipa Lausanne, intervino mediante un mensaje grabado y pidió a la Comisión Europea que corrigiera unas normas que, a su juicio, dificultan la actividad del sector.
Ehrlich cuestionó, en particular, la obligación de declarar con dos días de antelación la forma exacta en que se cargará el material. «No somos magos, no podemos hacerlo», afirmó, en referencia a las dificultades para anticipar determinados detalles operativos.
Además del sistema digital, el sector expresó su preocupación por los requisitos del nuevo Reglamento de Traslados de Residuos, cuya aplicación para las instalaciones receptoras de materiales secundarios procedentes de Europa incluye la obligación de someterse a auditorías y demostrar que operan conforme a estándares equivalentes a los europeos. Según el comunicado, estos requisitos comenzarán a aplicarse el 21 de mayo de 2027.
El BIR reclamó que las autoridades trabajen con los profesionales del sector para definir los criterios de auditoría y establecer un procedimiento que permita cumplir las exigencias sin cerrar mercados de destino.
Riesgo para los mercados internacionales y la circularidad
Dominique Maguin, fundador de La Compagnie des Matières Premières y expresidente de la División de Papel y del BIR, calificó de «totalmente inaceptables» las restricciones a las exportaciones europeas. Argumentó que el mercado comunitario no tiene capacidad para absorber toda la producción de papel recuperado disponible.
«No exportamos porque nos guste hacerlo. Exportamos porque el mercado europeo es demasiado pequeño para consumir todo lo que producimos», afirmó Maguin, quien pidió a los responsables políticos que tengan en cuenta esta realidad al diseñar las normas.
A su juicio, una interrupción de las exportaciones a partir de mayo de 2027 podría hundir los precios del papel recuperado, comprometer la viabilidad de las empresas del sector y provocar cierres de instalaciones. También advirtió de las consecuencias para los servicios municipales de recogida y clasificación: si el material perdiera su valor comercial, podrían deteriorarse las condiciones económicas de estos servicios y aumentar la necesidad de recurrir al vertido o la incineración.
Maguin recordó que la producción mundial de papel y cartón nuevos ronda los 420 millones de toneladas anuales, mientras que la recogida y producción de materias primas secundarias alcanza los 245 millones de toneladas. Según los datos aportados durante la intervención, esto equivale a una tasa de utilización de material secundario del 55% en la fabricación mundial de papel y cartón.
Las auditorías a las plantas asiáticas, otro foco de preocupación
Ranjit Baxi, director gerente de J & H Sales International, señaló que sus conversaciones con compradores asiáticos también habían revelado un conocimiento limitado de DIWASS y de la obligación de registrarse. Si las plantas no completan el trámite y quedan excluidas como destinos, advirtió, podría producirse una crisis de suministro para las fábricas papeleras de Asia.
Baxi cuestionó asimismo la aplicación de los estándares equivalentes europeos a las plantas receptoras. Explicó que algunas fábricas de India, especialmente las de menor tamaño, no disponen de instalaciones de tratamiento de aguas residuales o biodigestores, por lo que podrían tener dificultades para superar las auditorías.
El representante consideró que estas restricciones podrían reducir la circularidad global y entrar en contradicción con los objetivos europeos de descarbonización.
Por su parte, Simone Scaramuzzi, director de ventas y compras de LCI, sostuvo que los compradores asiáticos probablemente buscarían proveedores o soluciones alternativas si dejaran de recibir papel recuperado europeo. En ese escenario, advirtió, Europa correría el riesgo de perjudicar su propio mercado.
Scaramuzzi también cuestionó la necesidad de imponer requisitos equivalentes cuando algunos países de destino, como Indonesia y Malasia, ya cuentan con sus propias normas e inspecciones ambientales. «¿Por qué imponemos normas sobre algo que ellos ya están controlando?», preguntó.
El BIR pide diálogo con la industria
Las intervenciones coincidieron en reclamar una mayor participación del sector en la aplicación de las nuevas disposiciones europeas. La organización pidió aplazar DIWASS al menos seis meses y trabajar con los expertos para definir tanto los procedimientos digitales como los criterios de auditoría aplicables a las instalaciones receptoras.
La preocupación central del sector es que las nuevas exigencias, si no se acompañan de plazos y mecanismos viables para los operadores internacionales, dificulten la salida de materiales recuperados hacia mercados que actualmente absorben una parte importante de la oferta europea.
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