La Asociación de gestores de residuos industriales y peligrosos lamenta que la indefinición legislativa de estas actividades permite enmascarar operaciones de eliminación como si fueran de valorización, con el consiguiente impacto económico y ambiental.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto a información pública del proyecto de real decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y se deroga el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre.
La convocatoria, que está dotada con 500.000 de euros, incluye tanto el cierre del vertedero incontrolado como las medidas correctoras para eliminar los impactos ambientales ocasionados.
Según Arcodega, la empresa responsable de los vertidos opera al amparo de una autorización para valorizar residuos pero ni siquiera cuenta con una planta de reciclaje en la que hacerlo.
En el último año se han llegado a limpiar más de 4.000 toneladas de toallitas de las tuberías de la ciudad, lo que ha supuesto importantes costes ambientales y económicos.
El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en un nuevo Real Decreto que incorpore las nuevas obligaciones sobre reciclaje, residuos y uso de vertederos procedentes de la normativa europea.
En dos años y medio se han impuesto sanciones por más de un millón de euros euros a través de 239 expedientes tramitados.
La incoación del expediente ha tenido que ser publicada en el BOE tras dos intentos infructuosos de notificarlo a la empresa infractora.
Inmaculada Revuelta Pérez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València. Una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara el incumplimiento de la República Helénica en materia de aguas residuales urbanas y le impone sanciones pecuarias por no ejecutar una Sentencia previa que declaró la infracción de la Directiva 91/271.
La nueva normativa establece los plazos y objetivos de reciclaje y reducción del vertido, que serán vinculantes para los Estados miembros.
