Así lo refleja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según la cual los costes de adecuación a nueva normativa de instalaciones de recogida de RAEE (muchas veces de titularidad pública) deben ser afrontados por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
Los comentarios recibidos servirán para evaluar si las políticas nacionales y de la UE son suficientes para garantizar que los contaminadores asuman los costes de sus impactos ambientales.
“Existen casos de éxito, como es el caso de los vehículos al final de su vida útil en España, pero otros sistemas ponen en peligro al sector reciclador”, advierte Alicia García-Franco, directora general de FER y vicepresidenta de EuRIC.
Alexandra Farbiarz Mas. Comunicóloga, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente. TERRAQUI. Derecho Ambiental. El Tribunal de Cuentas Europeo, a través de un informe especial, se ha pronunciado respecto a la aplicación del principio básico de derecho ambiental “quien contamina paga” con un subtítulo contundente: “Aplicación incoherente entre las políticas y acciones medioambientales de la UE”.
[themoneytizer id=»17425-1″] Aloia López Ferro. Abogada. TERRAQUI. Derecho Ambiental. La publicación, el pasado 7 de abril, de las Directrices de la Comisión Europea por las que se proporciona un concepto común del término «daño medioambiental» tal como se define en el artículo 2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre … Continue leyendo »
Inmaculada Revuelta Pérez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE recuerda que el principio «quien contamina paga» no solo se proyecta sobre los responsables directos de la producción de residuos sino también sobre los que contribuyen a producir residuos, como los importadores y distribuidores … Continue leyendo »
Una circular interna plantea varias cuestiones para mejorar la gestión de los residuos, entre ellas la posibilidad de incentivar económicamente a aquellos ciudadanos que separen sus residuos para su reciclaje.
El decreto establece la realización de dos inventarios –de suelos contaminados ya declarados y de potencialmente contaminados)–, en los que se recogerá información detallada sobre los emplazamientos y el tipo de actividades que albergan.
Basada en los principios de “prevención” y de que “quien contamina paga”, la norma garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar amenazas y daños ambientales. Como novedad, amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas marinas.
Refuerza los aspectos preventivos de la norma y fomenta los análisis de riesgos medioambientales como una importante herramienta para su gestión.
