Reino Unido elimina el tope a las multas por contaminar

El Ministerio de Medio Ambiente suprime el anterior límite de 250.000 libras y amplía la gama de delitos que podrán sancionarse.

Desde el pasado lunes 11 de diciembre, la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido podrá imponer sanciones económicas ilimitadas a las empresas que contaminen el medio ambiente.

El anterior límite de 250.000 libras (unos 290.000 euros) para las sanciones monetarias variables (VMP, por sus siglas en inglés) ha sido eliminado y se ha ampliado la gama de delitos que cubren, lo que significa que la Agencia de Medio Ambiente tiene más herramientas con las que pedir cuentas a la industria.

La gama de infracciones que pueden sancionarse por esta vía incluye ahora:

• Incumplimiento de las condiciones de los permisos de las instalaciones que vierten a ríos y mares, por ejemplo, las depuradoras de aguas residuales y los aliviaderos de aguas pluviales autorizados.
• Vertidos ilegales al agua cuando no existe permiso, como en caso de contaminación agrícola procedente de almacenes de purines.
• Infracciones en materia de residuos, como las procedentes de desguaces ilegales o instalaciones de gestión de residuos no autorizadas.
• Infracciones de los permisos de industrias manufactureras y centrales eléctricas que contribuyen a la contaminación atmosférica.

Las nuevas multas ilimitadas -una de las medidas del Plan para el Agua del Gobierno británico- forman parte de la labor encaminada a garantizar una mayor inversión, una reglamentación más estricta y una aplicación más rigurosa en todo el sistema del agua.

Los cambios, que siguen a una consulta realizada en la primavera pasada, afectan a todas las empresas que tienen permisos medioambientales, incluidas las compañías de aguas y residuos, así como el sector agrícola y las industrias de transformación. Las sanciones serán proporcionales al tamaño de la empresa y a la naturaleza de la infracción, de acuerdo con las directrices del Consejo de Sentencias.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Steve Barclay, ha declarado que «los contaminadores no deben tener ninguna duda de que si dañan nuestros preciosos hábitats y vías fluviales pagarán por ello».

«Al suprimir la limitación de estas sanciones -ha insistido-, endurecemos nuestros instrumentos de aplicación y ampliamos los ámbitos en los que los organismos reguladores pueden utilizarlos. Estos cambios supondrán un castigo proporcionado para los operadores que incumplan sus permisos y causen contaminación».

Los fondos recaudados con las multas se reinvertirán en un nuevo Fondo de Restauración del Agua, diseñado para proporcionar inversión directa a proyectos que trabajen para mejorar los ríos, lagos y arroyos a nivel local.

Para John Leyland, director ejecutivo de la Agencia de Medio Ambiente, «estas nuevas competencias nos permitirán imponer más sanciones y nos ayudarán a seguir exigiendo responsabilidades a los contaminadores, incluidas las empresas de abastecimiento de agua».

En su opinión, «la amenaza de sanciones económicas sin límite debería impulsar el cumplimiento de la legislación ambiental, ayudándonos a proteger mejor el medio ambiente, las comunidades y la naturaleza».

Además de los cambios introducidos en el sistema VMP, el Gobierno ha adoptado recientemente otras medidas para exigir responsabilidades a los contaminadores por los daños ambientales. Así, se ha dado a Ofwat -la autoridad reguladora del servicio de aguas- mayores poderes para garantizar que los dividendos de las empresas de agua estén vinculados a los resultados medioambientales.