La UE acuerda reforzar las sanciones por delitos contra el medio ambiente

En el marco de una posición de «tolerancia cero» frente a los delitos medioambientales, la nueva normativa prevé penas de cárcel de hasta diez años y multas de hasta 40 millones de euros.

La semana pasada, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo provisional sobre la actualización de las normas de la UE en materia de delitos y sanciones medioambientales para reforzar la protección de los ecosistemas.

Las nuevas normas establecen una lista actualizada de los actos relacionados con el medio ambiente que se consideran delitos penales a nivel de la UE y de las sanciones correspondientes, para garantizar una aplicación más eficaz de la legislación medioambiental de la UE. La lista incluirá, entre otros delitos, la importación y uso de mercurio y gases fluorados de efecto invernadero, la importación de especies invasoras, el agotamiento ilegal de los recursos hídricos y la contaminación causada por buques.

Los negociadores de la Eurocámara y el Consejo también acordaron sanciones más estrictas para los llamados delitos cualificados, es decir, aquellos que causen la destrucción de un ecosistema o hábitat dentro de un lugar protegido o daños a la calidad del aire, el suelo o el agua. Entre ellos se incluirían delitos comparables al ecocidio con resultados catastróficos, como la contaminación generalizada o los incendios forestales a gran escala.

Sanciones: prisión y multas

Las personas, incluidos los representantes de las empresas, que cometan delitos contra el medio ambiente con resultado de muerte podrán ser condenadas a diez años de cárcel. Los delitos cualificados se castigarían con ocho años de cárcel, mientras que para los demás delitos, en función de factores como la durabilidad, gravedad o reversibilidad del daño, la pena sería de cinco años de cárcel.

Los infractores también pueden enfrentarse a otras sanciones, como multas, y a la obligación de restablecer el entorno dañado o indemnizar por los daños causados.

Las mismas sanciones pueden esperarse para las empresas, junto a otras como la retirada de licencias, la prohibición de acceder a financiación pública o el cierre. Tras la transposición, en lo que respecta a las multas, los Estados miembros podrán elegir entre imponerlas del 3 o el 5% del volumen de negocios mundial anual, según la naturaleza del delito, o elegir importes fijos de 24 o 40 millones de euros.

Protección y formación de los denunciantes

Los eurodiputados también han garantizado que se prestará apoyo a las personas que denuncien delitos, que los jueces, fiscales, policías y demás personal judicial recibirán formación periódica especializada y que los Estados miembros organizarán campañas de sensibilización para reducir los delitos contra el medio ambiente. También pueden crear un fondo para apoyar las medidas de prevención y hacer frente a las consecuencias de los delitos contra el medio ambiente.

En los casos transfronterizos, las autoridades nacionales deberán cooperar entre sí y con otros organismos competentes, como Eurojust, Europol o la Fiscalía Europea. Los Estados miembros también deberán elaborar estrategias nacionales de lucha contra los delitos ambientales y recopilar los datos estadísticos correspondientes, mientras que la Comisión Europea tendrá que actualizar periódicamente la lista de delitos penales.

Tras el acuerdo, el europarlamentario de Países Bajos Antonius Manders declaró que «hemos negociado con éxito una posición de tolerancia cero frente a los delitos medioambientales que tienen enormes consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. Es crucial que luchemos contra estos delitos transfronterizos a escala de la UE con sanciones armonizadas, disuasorias y eficaces para prevenir nuevos delitos ambientales. La prevención es clave, y por eso subrayamos la necesidad de más recursos, investigación, formación y campañas de concienciación dirigidas tanto al sector público como al privado. Se acabó el esconderse detrás de permisos o lagunas legislativas: esta ley está preparada para el futuro, lo que significa que la lista de delitos se mantendrá actualizada. Si contaminas, pagarás por tus delitos; no sólo las empresas delincuentes pagarán multas, también habrá cárcel para los representantes de las empresas contaminantes».

El proyecto de ley acordado requiere la aprobación formal de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Parlamento Europeo en su conjunto, así como del Consejo, antes de que pueda entrar en vigor.

La cuarta actividad delictiva

Los delitos contra el medio ambiente constituyen la cuarta actividad delictiva más importante del mundo y se consideran una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con las drogas, las armas y el tráfico de seres humanos. Con el fin de hacer frente al creciente número de delitos contra el medio ambiente, la Comisión presentó en diciembre de 2021 una propuesta para reforzar la protección del medio ambiente en la UE a través del Derecho penal.