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En dos años y medio se han impuesto sanciones por más de un millón de euros euros a través de 239 expedientes tramitados.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno balear, a través de la dirección general de educación ambiental, calidad ambiental y residuos, ha impuesto 346.303 euros en sanciones por la gestión de residuos en 2018. Esta es la suma de las multas de 62 expedientes tramitados los primeros seis meses del año. El motivo principal de estas sanciones son los vertidos de residuos, la falta de autorizaciones de gestión de residuos, la gestión incorrecta de residuos y las quemas de residuos no autorizadas.

Desde 2016 se impulsaron los expedientes sancionadores de residuos y se han abierto un total de 239 expedientes que suman 1.033.821 euros en sanciones. En 2016 se tramitaron 69 expedientes con sanciones que sumaban 212.903 euros y en el año 2017 los expedientes fueron 108 y sus sanciones sumaron 474.615 euros.

En cuanto a las denuncias durante los primeros seis meses de 2018 han entrado en el servicio de residuos un total de 186 denuncias por parte del SEPRONA, Agentes del Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y otras administraciones. En relación al 2017, entraron un total de 231 denuncias.

En los últimos dos años se han cerrado varios centros de gestión de residuos por no disponer de la correspondiente autorización

De estas 231 denuncias del año 2017, un total de 191 denuncias ya están en curso: 98 están en trámite de diligencias previas; 34 ya se encuentran en fase de expediente sancionador y 51 han sido remitidas a otros organismos para su tramitación. Por otra parte, 40 están pendientes de actuación y 8 han sido archivadas.

Las sanciones impuestas, van desde 300 euros por infracciones leves (como es el caso de quemas de residuos), hasta 20.000 euros por infracciones graves (como es el caso de no tener las correspondientes autorizaciones de gestor de residuos) y 150.000 euros por infracciones muy graves.

Algunas de las medidas más destacadas de los expedientes de estos últimos dos años relacionados con actividades de residuos sin autorización o incumplimiento de condiciones de la autoridad competente son el cierre a dos Centros autorizados de tratamiento (CAT) de vehículos fuera de uso por no disponer de las correspondientes autorizaciones, y un gestor de residuos también por no disponer de autorización. Por otro lado, durante el mes de julio se hizo una suspensión temporal de una actividad de residuos en Manacor, en colaboración con el Ayuntamiento de dicha localidad por no cumplir con las condiciones impuestas a la autorización por parte del órgano competente.

En cuanto a los expedientes relacionados con suelos contaminados, destaca el caso de Majorica. Desde el servicio de residuos se ha abierto un expediente sancionador muy grave a ANIDA por no atender los requerimientos del órgano competente de retirada de dos depósitos enterrados en la parcela de la antigua fábrica de Majorica y la retirada del hacinamiento de escombros procedentes de la demolición de la obra de fábrica en el solar. Se trata de un expediente sancionador con una propuesta de sanción de 150.000 euros.

Por otra parte, durante 2018 se ha hecho una campaña intensa en relación a la apertura de expedientes sancionadores por vertido de residuos. Cabe destacar una agrupación de parcelas del término municipal de Inca donde se han abierto un total de 4 expedientes sancionadores con un importe total de 34.000 euros, con unas sanciones que van desde 6.000 euros hasta 12.000 euros. Se trata de solares donde se había vertido todo tipo de residuos, muchos de ellos procedentes de reformas de hoteles, con restos de residuos voluminosos, electrodomésticos, plásticos, chatarra, etc.

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