Un estudio de MASKA sobre 355 afirmaciones ambientales incluidas en la denuncia presentada por organizaciones de consumidores concluye que la mayoría encajarían en prácticas prohibidas por la Directiva europea anti-greenwashing.
La entrada en vigor de la nueva normativa europea contra el greenwashing podría obligar a las empresas energéticas a revisar de forma profunda su comunicación ambiental. Así lo señala un análisis realizado por la plataforma especializada en sostenibilidad Maska, que concluye que el 78% de las afirmaciones ambientales incluidas en una reciente denuncia presentada por organizaciones de consumidores corresponden a prácticas que la nueva regulación europea considera prohibidas.
El estudio examina 355 mensajes ambientales recogidos en el informe y los anexos de la denuncia presentada en junio de 2026 por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU contra varias compañías energéticas por presuntas prácticas de greenwashing.
Según el análisis, la mayor parte de las afirmaciones identificadas se encuadran en categorías que el Anexo I de la Directiva (UE) 2024/825 prohíbe de forma expresa. La normativa, cuya aplicación está prevista a partir del 27 de septiembre de 2026, establece que determinadas declaraciones ambientales solo podrán utilizarse si las empresas son capaces de respaldarlas mediante pruebas documentales verificables.
Las afirmaciones genéricas, las más frecuentes
El informe destaca que las afirmaciones ambientales genéricas constituyen la categoría más habitual. Expresiones como “energía sostenible” o “líderes de la transición” representan el 56,6% de todos los mensajes analizados, convirtiéndose en la práctica más recurrente entre las consideradas de riesgo por la futura regulación.
Además, el estudio señala que este tipo de declaraciones son especialmente complejas de justificar, ya que la normativa exige demostrar un comportamiento ambiental excelente y reconocido que respalde la totalidad de la afirmación realizada.
La investigación también analiza los espacios donde aparecen estos mensajes. En las páginas de contratación de productos energéticos, seis de cada diez afirmaciones identificadas son de carácter genérico. Por su parte, los mensajes relacionados con la compensación de emisiones de carbono se concentran principalmente en páginas corporativas o de marca destinadas a explicar estas iniciativas, aunque también aparecen en entornos de contratación.
Mayor peso de las energéticas en la comunicación ambiental
Los resultados se complementan con datos del Observatorio de Greenwashing de Maska, que ha analizado 2.189 afirmaciones ambientales emitidas por las empresas que integran el IBEX 35. Según este estudio, las siete compañías energéticas presentes en el índice generan el 40% de toda la comunicación ambiental corporativa, pese a representar únicamente el 20% de las empresas analizadas.
No obstante, el informe apunta que la proporción de prácticas potencialmente incompatibles con la futura normativa es similar a la observada en el resto de sectores. La principal diferencia radica en el volumen de mensajes emitidos y en el peso que tienen las afirmaciones vinculadas a la compensación de emisiones.
El análisis también concluye que solo el 19,5% de las afirmaciones ambientales de las compañías energéticas estudiadas aparece acompañado de evidencias que respalden sus declaraciones.
«Las energéticas no comunican peor que el resto: comunican mucho más, y su mensaje estrella es el genérico, que es justo el más difícil de defender con prueba», explica José Andrés de Lorenzo-Cáceres, CEO de Maska. «Con la nueva norma, cada afirmación ambiental se convierte en una exigencia probatoria».
Un nuevo escenario regulatorio
La entrada en aplicación de la Directiva (UE) 2024/825 marcará un cambio significativo en la forma en que las empresas comunican sus compromisos ambientales. Más allá de evitar mensajes potencialmente engañosos, las organizaciones deberán acreditar documentalmente las afirmaciones que difundan sobre sostenibilidad, impacto ambiental o transición ecológica.
Este nuevo marco impulsará una mayor transparencia en la comunicación corporativa y obligará a reforzar los mecanismos internos de verificación antes de la publicación de cualquier mensaje relacionado con el desempeño ambiental de las empresas.
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