El 80% de las afirmaciones ambientales del IBEX 35 carece de evidencias públicas accesibles

Un estudio sobre más de 2.000 mensajes de sostenibilidad de las principales compañías bursátiles españolas alerta de los retos que aún afrontan las grandes empresas ante la nueva normativa europea contra el greenwashing.

Las empresas del IBEX 35 deberán reforzar la transparencia y la fundamentación de sus mensajes ambientales para adaptarse a las nuevas exigencias europeas contra el greenwashing o ecopostureo. Así lo refleja el primer Observatorio Maska sobre comunicación ambiental corporativa, que ha analizado 2.189 afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad publicadas por las compañías que integran el principal índice bursátil español.

El estudio concluye que únicamente el 20% de las afirmaciones ambientales analizadas dispone actualmente de evidencias públicas accesibles y comprensibles para los consumidores, un aspecto que cobrará especial relevancia con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/825. La normativa, que comenzará a aplicarse a partir del 27 de septiembre de 2026, endurece los requisitos para las declaraciones ambientales realizadas por las empresas y busca combatir las prácticas de greenwashing mediante una mayor exigencia de verificabilidad.

La investigación se ha centrado en los contenidos publicados en las páginas de inicio y sostenibilidad de las 35 compañías del IBEX 35, evaluando cada afirmación en función de su capacidad para ser respaldada mediante documentación pública verificable.

Los resultados muestran que existe una diferencia significativa entre las declaraciones ambientales específicas y aquellas formuladas de manera más genérica. Las afirmaciones vinculadas a la descarbonización presentan los mayores niveles de respaldo documental, con una cobertura de evidencia del 40,7%. Por su parte, las relacionadas con la huella de carbono alcanzan un 33,3%, mientras que las referencias a emisiones y gestión del agua registran porcentajes del 27,6% y 23,1%, respectivamente.

En contraste, los mensajes que apelan a conceptos amplios como la sostenibilidad o los compromisos ambientales generales presentan menores niveles de evidencia pública disponible. Según el análisis, cuanto más concreto y medible es un mensaje ambiental, mayores son las posibilidades de que pueda demostrarse mediante información verificable.

“Lo que observamos es una brecha relevante entre la ambición de muchos mensajes ambientales y la evidencia que actualmente se pone a disposición del consumidor”, explica José Andrés de Lorenzo-Cáceres, CEO de MASKA. “La nueva regulación europea no va a valorar únicamente las intenciones o los compromisos declarativos. Va a exigir que las afirmaciones puedan sostenerse con pruebas claras, accesibles y comprensibles. Y ahí todavía existe un recorrido importante de adaptación para muchas organizaciones”.

Señales de avance

A pesar de estas carencias, el estudio identifica señales de avance en la adaptación empresarial al nuevo marco regulatorio. Cerca del 69% de las compañías analizadas ya aporta pruebas públicas en al menos una de sus afirmaciones ambientales, lo que evidencia un proceso progresivo de adecuación a los futuros requisitos europeos.

La nueva regulación llega en un contexto de creciente escrutinio sobre las comunicaciones ambientales corporativas. Las instituciones europeas han reforzado las obligaciones de transparencia para evitar mensajes potencialmente engañosos sobre sostenibilidad, estableciendo además mecanismos sancionadores que, en determinados casos, pueden alcanzar hasta el 4% de la facturación anual de las empresas.

Desde la perspectiva de la gestión ambiental, la normativa busca garantizar que las declaraciones relacionadas con aspectos como la reducción de emisiones, la economía circular, la eficiencia en el uso de recursos o la minimización de residuos puedan ser comprobadas de forma objetiva por consumidores, inversores y administraciones públicas.

El Observatorio Maska considera que el mercado español ya ha iniciado su adaptación a este nuevo escenario, aunque persiste una brecha relevante entre las estrategias de sostenibilidad comunicadas y la evidencia documental disponible para respaldarlas. En este sentido, el estudio apunta a que los próximos meses serán clave para que las empresas refuercen la trazabilidad, la transparencia y la verificabilidad de sus compromisos ambientales.

La investigación se desarrolló entre febrero y abril de 2026 y analizó las comunicaciones públicas de las compañías mediante una metodología basada en la evaluación individual de cada afirmación ambiental conforme a los criterios establecidos por la Directiva (UE) 2024/825.