Greenwashing: La UE define las normas para que las empresas validen sus afirmaciones ecológicas

Para cumplir con la directiva contra el lavado verde, las empresas deberán someter a aprobación cualquier declaración de marketing medioambiental sobre sus productos.

Las comisiones de Mercado Interior y Medio Ambiente adoptaron el miércoles su posición sobre las normas que permitirán a las empresas validar sus alegaciones de marketing medioambiental.

La llamada Directiva sobre alegaciones ecológicas complementa la prohibición ya aprobada por la UE del «lavado verde» o greenwashing. Define qué tipo de información deben facilitar las empresas para justificar sus afirmaciones medioambientales en el futuro. También crea un marco y unos plazos para comprobar las pruebas y aprobar las alegaciones, y especifica qué ocurre con las empresas que infringen la ley.

Los eurodiputados acordaron que las empresas deberán someter a aprobación cualquier declaración futura de marketing medioambiental antes de utilizarla. Según el texto aprobado, estas afirmaciones serán evaluadas por verificadores acreditados en un plazo de 30 días. Las empresas que incumplan las normas podrán ser excluidas de los contratos públicos, perder sus ingresos y enfrentarse a una multa de al menos el 4% de su facturación anual.

Los eurodiputados también instaron a la Comisión Europea a elaborar una lista de alegaciones y productos menos complejos que podrían beneficiarse de una verificación más rápida o sencilla. También creen que debería decidir si las alegaciones ecológicas sobre productos que contienen sustancias peligrosas deben seguir siendo posibles. Además, acordaron que las microempresas queden excluidas de las nuevas obligaciones y que las pymes dispongan de un año más antes de aplicar las normas.

Compensación de emisiones y alegaciones comparativas

Los eurodiputados confirmaron la reciente prohibición de la UE sobre las declaraciones ecológicas basadas únicamente en los llamados sistemas de compensación de emisiones de carbono. Ahora especifican que las empresas podrán seguir mencionando los sistemas de compensación si ya han reducido al máximo sus emisiones y utilizan estos sistemas sólo para las emisiones residuales. Los créditos de carbono de estos programas deberán estar certificados, según lo establecido en el Marco de Certificación de la Compensación de Emisiones de Carbono.

También se aplicarían normas especiales a las alegaciones comparativas (es decir, anuncios que comparan dos productos diferentes), incluso si los dos productos son fabricados por el mismo productor. Entre otras disposiciones, las empresas deberán demostrar que han utilizado los mismos métodos para comparar los aspectos relevantes de los productos. Además, las afirmaciones de que los productos han mejorado no podrán basarse en datos de hace más de cinco años.

Por su parte, el maltés Cyrus Engerer, de la Comisión de Medio Ambiente, añadió que «es hora de poner fin al greenwashing. Nuestro acuerdo sobre este texto pone fin a la proliferación de falsas afirmaciones ecológicas que han engañado a los consumidores durante demasiado tiempo. También garantiza que las empresas dispongan de las herramientas adecuadas para adoptar auténticas prácticas de sostenibilidad. Los consumidores europeos quieren hacer elecciones medioambientales y sostenibles y todos los que ofrecen productos o servicios deben garantizar que sus declaraciones ecológicas están científicamente verificadas».

El europarlamentario estonio Andrus Ansip, de la Comisión de Mercado Interior, declaró que «los estudios demuestran que el 50% de las declaraciones medioambientales de las empresas son engañosas. Los consumidores y los empresarios merecen transparencia, claridad jurídica e igualdad de condiciones de competencia. Los comerciantes están dispuestos a pagar por ello, pero no más de lo que ganan con ello. Me complace que la solución propuesta por las comisiones sea equilibrada, aporte más claridad a los consumidores y, al mismo tiempo, sea, en muchos casos, menos gravosa para las empresas que la solución propuesta inicialmente por la Comisión».

El proyecto de informe aprobado se someterá a votación en una próxima sesión plenaria de la Eurocámara (muy probablemente en marzo) y constituirá la posición del Parlamento. El expediente será seguido por el nuevo Parlamento tras las elecciones europeas de junio.