Un informe pide a las autoridades europeas más mano dura con el ‘greenwashing’

El documento, elaborado por expertos en ESG, presenta cinco recomendaciones clave para atajar esta práctica, entre ellas reforzar la supervisión del «lavado verde» empresarial o un régimen normativo más punitivo para estos delitos.

Un grupo de expertos del sector medioambiental, social y de gobernanza (ESG) ha publicado un informe destinado a atajar el «greenwashing» o «lavado verde» de las empresas de la UE, incluyendo castigos más severos para quienes recurren a estas prácticas.

En el equipo que ha elaborado el documento participan el abogado especializado en ESG Paul Watchman, que dirigió en 2005 la histórica iniciativa de la ONU que diseñó un marco jurídico para la inversión ESG, y el ex director de UNEP FI (Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) Paul Clements-Hunt, a quien se atribuye la acuñación del acrónimo ESG.

Tradicionalmente, el «greenwashing» se ha definido como «la intersección de dos comportamientos empresariales: un comportamiento medioambiental deficiente y una comunicación positiva sobre el comportamiento medioambiental».

El informe presenta cinco recomendaciones clave que las autoridades europeas pueden considerar. Se trata de reforzar el marco de supervisión que investiga e identifica las posibles prácticas de «lavado verde» mediante un aumento de la financiación, incluir el «greenwashing» en la normativa sobre calificación ESG que se elaborará próximamente, adoptar un régimen normativo más punitivo para los delitos de «lavado verde», realizar más campañas informativas sobre inversiones por parte de los reguladores y, por último, encargar un estudio de viabilidad sobre el potencial de una legislación autónoma en materia de «lavado verde».

La consulta de la UE, iniciada en noviembre de 2022 y supervisada por el trío regulador financiero del bloque, las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), servirá de base para futuras políticas sobre el tema.

El Dr. Daniel Cash, catedrático de Derecho de la Aston Law School (Reino Unido) y uno de los autores del informe, afirma que «el lavado verde es una amenaza real y generalizada para la credibilidad de la práctica empresarial moderna. La consecuencia de no poner orden en la relación cada vez más estrecha entre empresa y sostenibilidad podría ser nefasta».

«Por ello, -añade Cash- hemos pedido a las Agencias Europeas de Supervisión que actúen de forma preventiva para poner orden y desarrollar prácticas progresistas que puedan consolidar la posición de la UE como líder mundial en este ámbito».