Las tasas de residuos en España apenas cubren el 60% de los costes de gestión

Cada hogar paga casi 93 euros por este concepto, y más de la mitad de los municipios aplican cuotas fijas, un modelo que desincentiva el reciclaje pues implica que los domicilios que más separan sus residuos estén subvencionando a aquellos con peores prácticas ambientales.

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos de la Fundació ENT ha publicado el estudio “Las Tasas de Residuos en España 2023”, de los investigadores Irene Castells, Pablo Pellicer e Ignasi Puig. En su elaboración, se han analizado las tasas domiciliarias y comerciales de una muestra de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.

Las tasas de residuos son de las que más recaudación aportan a los municipios, puesto que financian el servicio de recogida de residuos, que es de prestación obligatoria y elevados costes.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, establece que en 2025 se debe instaurar de manera obligatoria “una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria” que refleje el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de residuos.

Si bien la mayoría de entidades locales ya disponen de tasas de residuos o de una figura similar específica, en general están muy lejos del objetivo legal de la cobertura de costes. La cobertura media de costes estimada en 2021 fue del 58,8%, muy lejos del 100% exigido legalmente a partir de 2025.

La recaudación en España en concepto de tasas de residuos (u otras figuras cobratorias) para la recogida y tratamiento -tanto domiciliarios como comerciales- para 2021, incluyendo todas las entidades locales municipales y supramunicipales que presentan datos, fue de 2.251 millones de euros, mientras que los gastos totales serían de 3.828 millones de euros.

Un incentivo económico

Potencialmente, las tasas de residuos pueden ser uno de los instrumentos locales más eficaces para la promoción de buenas prácticas ambientales en materia de prevención y separación de residuos. Si una parte variable de la tasa se vincula directamente a la generación y a la correcta separación de los residuos en origen (lo que se conoce como sistemas de pago por generación) se crea un incentivo económico para que la ciudadanía participe de estas prácticas. Si bien la Ley 7/2022 menciona, por primera vez en una normativa estatal, los sistemas de pago por generación, su aplicación hasta la fecha en España es testimonial, a diferencia de lo que sucede en los países más avanzados en materia de gestión de residuos.

Por el contrario, un 50,4% de los municipios analizados cuentan con un modelo de tasas con cuotas fijas (todos los domicilios pagan lo mismo independientemente de si realizan o no separación de residuos). Aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos. Por otro lado, en los municipios donde las tasas no son fijas, existe una ausencia general de criterios ambientales en su articulación.

En el caso de los comercios, la mayoría de las tasas se calculan en función del tipo de actividad, la superficie del comercio y la localización, sin considerar tampoco la generación efectiva.

Un potencial poco explotado

Este estudio demuestra que el potencial de las tasas de residuos para mejorar la gestión de residuos ha sido poco explotado. La aplicación de sistemas de pago por generación, de implantación aún muy minoritaria en el Estado español, pero muy comunes en Europa, pondría en evidencia la capacidad de las tasas de residuos de incentivar las buenas prácticas.

El estudio concluye que el valor medio de la tasa de residuos que pagan los hogares en 2023 es de 92,8 euros por domicilio (92,1 euros en 2022), es decir, el incremento ha sido muy por debajo del incremento del 6,6% del IPC desde enero del 2022 a enero del 2023, lo que indica que, de hecho, los municipios se están alejando del objetivo legal de cobertura de costes.

A raíz de los resultados de este estudio, el Dr. Ignasi Puig Ventosa, investigador y responsable de proyectos de la Fundació ENT, considera que “la mayoría de ayuntamientos no son conscientes de las obligaciones que comporta la nueva Ley en materia de tasas de residuos, ni de las oportunidades que depararía darles un pronto cumplimiento”.

Asimismo, Pablo Pellicer, coautor del estudio, añade que “las entidades locales están perdiendo un tiempo muy valioso para cumplir con las exigencias legales. El plazo de tres años que daba la Ley se ha malgastado hasta el momento y ha llegado el momento de implantar las acciones necesarias”.