La Comisión Europea avala la actuación del Gobierno Vasco en el vertedero de Zaldibar

La CE concluye que no ha detectado ninguna violación de la legislación de la UE por parte de las autoridades competentes.

La Comisión Europea ha vuelto a responder a la petición presentada en el Parlamento Europeo en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua, Bizkaia), de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia, donde se solicitaba que se investigara una posible infracción de la legislación de la Unión que regula la gestión de residuos y vertederos en relación al accidente ocurrido el 6 de febrero de 2020 en el vertedero de residuos no peligrosos de Zaldibar. Se solicitaba que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes cumplan plenamente la legislación medioambiental y de salud pública tanto de la UE como del estado en el vertedero de Zaldibar.

En esta segunda respuesta, la CE concluye que no ha detectado ninguna violación de la legislación de la UE por parte de las autoridades competentes.

La Comisión Europea avala tanto la actuación del Gobierno Vasco en lo que a los permisos administrativos y el control previo al suceso se refiere, además de las posteriores actuaciones para afrontar la emergencia y evitar daños ambientales.

En el escrito se señala que, según la investigación iniciada en 2020 a raíz de la Directiva de Vertido de Residuos, las autoridades competentes tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización a la empresa explotadora del vertedero, y la realización de controles, seguimientos e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del vertedero.

Se afirma también que tras el accidente se han adoptado medidas correctoras urgentes para reducir las repercusiones negativas sobre la salud humana y el medio ambiente.

Igualmente, la Comisión menciona las medidas adoptadas por las autoridades a raíz del incidente, como la vigilancia continua de la calidad del aire en la zona del vertedero y en los alrededores urbanos de Ermua y Eibar. Añade que se encargó a una empresa registrada especializada la supervisión en relación con el amianto y la toma de muestras y análisis ambientales en la zona del vertedero.

La información que ha evaluado la Comisión se basa tanto en la auditoría externa realizada por la empresa “Ricardo Environment” como en la propia información solicitada al Gobierno Vasco.

El proceso judicial está sujeto al secreto de sumario, pero en la comunicación de la Comisión se menciona la existencia de un estudio de estabilidad de 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero y que fue ocultado al Gobierno Vasco.