Aprobado el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario

La norma contempla la obligatoriedad de que productores y distribuidores donen los excedentes de alimentos y que los restaurantes ofrezcan a sus clientes la posibilidad de llevarse lo que no hayan consumido.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. En rueda de prensa posterior, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recordó que el texto ya inició su tramitación parlamentaria la pasada legislatura, pero decayó por la disolución de las Cortes Generales. El Ejecutivo -añadió- ha retomado el proyecto lo antes posible por la importancia que concede a este asunto.

«Resumiría en una idea muy sencilla y muy gráfica el contenido de esta ley: aquí no se tira nada«, explicó el ministro. Se trata de un «imperativo categórico» que Luis Planas fundamentó en cuatro pilares: la eficiencia económica, la pérdida de recursos naturales, la justicia social y el componente ético. «Vivimos en un planeta donde casi ochocientos millones de personas sufren hambre o malnutrición», señaló.

El titular de Agricultura apuntó que, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a escala global se desperdician un 30% de los alimentos que se producen. En el caso de los hogares españoles, el desperdicio en el año 2022 fue de 1.170 millones de kilos o litros, unos 65,5 kilos o litros por adulto al año. El desperdicio alimentario se ha reducido respecto a los datos anteriores a la pandemia, y este proyecto de ley pretende seguir avanzando en esa dirección, según manifestó Planas.

La columna vertebral de la norma es la jerarquía de uso: la prioridad absoluta será el consumo humano de los alimentos; si no es posible, se destinarán a la alimentación animal o a fines energéticos.

La ley incluye la obligación, por parte del sector productor o el de la distribución, de donar los excedentes de alimentos que estén en condiciones de consumo. Planas, que elogió las buenas prácticas de la distribución alimentaria en esta materia, detalló que las tiendas de alimentación de más de 1.300 metros cuadrados tendrán que contar con acuerdos con bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales para donar los alimentos que todavía puedan ser aprovechados.

Además, los establecimientos del sector de la restauración deberán ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse en envases la comida o la bebida que no haya consumido.

El proyecto de ley contempla, en segundo lugar, la transformación de algunos alimentos en otros productos como cremas o mermeladas. Si ya no son aptos para el consumo humano, se emplearán -en este orden- para la alimentación animal, subproductos en otra industria o la obtención de compost o biocombustibles.

Pedagogía contra el desperdicio

Luis Planas destacó que la norma establece derechos y obligaciones, «pero sobre todo es una ley pedagógica que trata de informar y prevenir ese desperdicio alimentario«, en la línea de las campañas que su departamento desarrolla desde el año 2018. «El alimento más caro es aquel que termina en la basura», afirmó.

El ministro remarcó, igualmente, que el proyecto de ley aborda otros aspectos muy significativos, como el consumo de productos considerados poco estéticos, los de proximidad y los de temporada, la agricultura ecológica y las obligaciones de las administraciones en materia de contratación pública.

Planas expresó el deseo del Ejecutivo de «suscitar el mayor apoyo parlamentario posible» en la tramitación que ahora inicia la norma.