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Para impulsar el cambio hacia una inversión ecológica, la UE está introduciendo reglas para definir lo que califica como actividades ecológicas o sostenibles, entre ellas, las relacionadas con la transición a una economía circular.

La UE trabaja en la definición de inversiones sostenibles
Operario trabajando en una planta de reciclaje vidrio. Foto: RESIDUOS PROFESIONAL

Durante la sesión plenaria de junio, los eurodiputados votarán sobre un marco que determine qué actividades pueden considerarse sostenibles. Esto establecería un sistema de clasificación común en toda la UE, proporcionaría claridad a empresas e inversores y alentaría un aumento de la financiación del sector privado para la transición hacia la neutralidad climática.

Los negociadores del Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional en diciembre de 2019. Los comités de asuntos económicos y medio ambiente del Parlamento respaldaron el acuerdo el 28 de mayo.

El desarrollo sostenible requiere la preservación de los recursos naturales y el respeto de los derechos humanos y sociales. La acción climática es un aspecto importante, ya que la necesidad de limitar y mitigar los efectos del cambio climático se vuelve cada vez más urgente.

La UE se compromete a disminuir gradualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Pacto Verde Europeo , la iniciativa emblemática de la UE sobre acción climática, establece un objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Para alcanzar el objetivo, la UE debe invertir en nuevas tecnologías. La Comisión Europea estima que Europa necesita alrededor de 260.000 millones de euros en inversiones adicionales cada año durante la próxima década.

La inversión pública no será suficiente y los inversores privados deberán intervenir para financiar proyectos amigables con el clima. Esto requiere criterios claros sobre qué es exactamente sostenible y ecológico; de lo contrario, algunos fondos podrían destinarse a proyectos de «greenwashing» que afirman ser verdes, pero en realidad no lo son.

Algunos países de la UE ya han comenzado a desarrollar sistemas de clasificación. Tanto las empresas que buscan financiación como los inversores interesados ​​en apoyar proyectos sostenibles se beneficiarían de las normas comunes de la UE.

Qué actividades económicas se califican como sostenibles

La regulación de la taxonomía contempla seis objetivos ambientales y establece que una actividad puede considerarse ambientalmente sostenible si contribuye a alguno de ellos sin dañar significativamente a los demás.

El principio de «no dañar», que será definido más adelante por la Comisión Europea, asegura que una actividad económica que cause más daño al medio ambiente que los beneficios que genera no puede clasificarse como sostenible. Las actividades ambientalmente sostenibles también deben respetar los derechos humanos y laborales.

Los objetivos ambientales son:

  • Mitigación del cambio climático (evitar / reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar la eliminación de gases de efecto invernadero).
  • Adaptación al cambio climático (reducción o prevención del impacto adverso en el clima actual o futuro esperado, o los riesgos de dicho impacto adverso).
  • Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
  • Transición a una economía circular (centrada en la reutilización y el reciclaje de recursos).
  • Prevención y control de la contaminación.
  • Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Los agentes del mercado financiero que vendan productos financieros y las grandes empresas con más de 500 empleados tendrán que revelar cómo y en qué medida sus actividades contribuyen a los objetivos ambientales. Si no afirman ser sostenibles, esto debería estar claramente establecido.

Una vez que se hayan adoptado las normas, la Comisión Europea desarrollará criterios técnicos para cada objetivo.

Estos deberían estar listos para fines de 2020 en el caso de la mitigación y adaptación al cambio climático. La fecha límite es el final de 2021 para los otros objetivos. Las reglas se aplicarán para cada objetivo ambiental un año después de que se hayan establecido los criterios técnicos.

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