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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había anulado la autorización de la Junta por haberse dictado sin contar con una certificación preceptiva de compatibilidad urbanística y por haberse omitido la necesaria publicación del Dictamen Ambiental.

Cementerá de Portland en Alcalá de Guadaira
Foto: Ecologistas en Acción

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, contra la sentencia del TSJA que anula la autorización para incinerar residuos en la cementera de la empresa Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaira (Sevilla), resolviendo de forma definitiva un largo proceso administrativo y judicial que ha durado más de siete años desde que la cementera presentó el proyecto, en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, con el que pretendía incinerar hasta 292.000 toneladas de residuos año.

La inadmisión a trámite del recurso se ha basado en la falta de fundamentación en los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía. En palabras del Tribunal Supremo, los argumentos de la administración autonómica carecen de interés casacional objetivo. Y esto es así, debido a que, plantear un recurso de casación contra una sentencia del TSJA que, sin entrar en cuestiones de carácter técnico, anula una resolución por haberse dictado sin contar con una certificación preceptiva de compatibilidad urbanística y por haberse omitido la necesaria publicación del Dictamen Ambiental, con carácter previo a la Autorización Ambiental Integrada, existiendo jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, es cuando menos una actuación en favor de intereses económicos de una minoría y no del interés general de la ciudadanía. La Sentencia es firme y se condena en costas a la Junta de Andalucía.

La organización Alwadijira-Ecologistas en Acción ha celebrado en un comunicado esta «contundente sentencia» y espera que «sirva de referencia a las Administraciones responsables para actuar con mucha más prudencia, al valorar proyectos que pueden ser altamente perjudiciales para la salud de las personas, el medio ambiente y contrarios a la gestión de los residuos de una forma sostenible, sin violar sus propias normas y leyes».

 

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