La Asamblea puso de manifiesto la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor armonización legislativa y una red estatal coordinada de infraestructuras de tratamiento.

Los gestores de residuos industriales y peligrosos se reúnen en Toledo
La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, inauguró la asamblea general de la asociación de gestores de residuos industriales y peligrosos

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) celebró la semana pasada en Toledo su 70ª Asamblea General, en la que ha sido la edición con mayor participación de la historia de la organización. Un encuentro que volvió a demostrar la relevancia estratégica del sector de la gestión de residuos industriales y peligrosos para la competitividad industrial y la sostenibilidad en España.

Durante la Asamblea se puso de manifiesto el compromiso del sector con la sostenibilidad, la innovación y el cumplimiento ambiental, así como la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor armonización legislativa y una red estatal coordinada de infraestructuras de tratamiento.

en el acto de inauguración, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, reivindicó la colaboración público-privada como una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y consolidar la transición hacia la economía circular.

Gómez puso en valor el papel que desempeñan las empresas gestoras de residuos en el cumplimiento de los objetivos ambientales de la comunidad autónoma y defendió un modelo de gobernanza basado en el diálogo con los agentes implicados. “La colaboración no es una opción, es una necesidad para avanzar hacia un modelo de economía circular más eficiente, seguro y competitivo”, afirmó.

La consejera destacó especialmente la contribución del sector a la elaboración del anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación. Según explicó, las aportaciones realizadas por Asegre han permitido mejorar el texto normativo y reforzar su encaje con la legislación estatal y europea. “Cuando la Administración abre la puerta al diálogo y escucha a quienes conocen de primera mano la realidad del sector, el resultado es una norma más justa, más sólida y con mayor seguridad jurídica”, señaló.

La futura ley, cuya aprobación está prevista para finales de 2026, pretende dotar a la región de un marco normativo propio en materia de calidad ambiental, al tiempo que simplifica procedimientos administrativos, reduce cargas para determinadas actividades económicas y mejora el control de emisiones y residuos. El Ejecutivo regional considera que esta regulación contribuirá a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, especialmente en el medio rural.

Más allá del ámbito normativo, Gómez recordó otras iniciativas estratégicas en las que el sector de la gestión de residuos ha participado activamente. Entre ellas figura la redacción del II Plan de Acción de Economía Circular 2026-2030, actualmente en fase de elaboración tras un proceso participativo. “Nuestro objetivo es avanzar hacia un modelo económico más sostenible, que reduzca la generación de residuos, optimice el uso de los recursos y genere nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en la región”, indicó.

La consejera también destacó el papel del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Horizonte 2030, aprobado en 2024, que contempla actuaciones destinadas a reforzar la prevención, la reutilización, el reciclaje y las recogidas separadas de residuos.

Por último, el Gobierno regional animó a Asegre y a sus empresas asociadas a incorporarse a la Red de Agentes de Economía Circular de Castilla-La Mancha y a participar en proyectos de simbiosis industrial promovidos por la Administración autonómica. Actualmente, esta red reúne a cerca de 130 organizaciones comprometidas con la implantación de modelos productivos circulares en la región.

La jornada incluyó también una mesa de debate con gestores de residuos de Andalucía centrada en el impacto de las limitaciones al traslado y sus consecuencias, un asunto clave para preservar la unidad de mercado, la seguridad jurídica y la eficiencia ambiental en la gestión de residuos industriales en España.

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