El veto andaluz al traslado de residuos peligrosos deja sin tratamiento más de 100.000 toneladas en España

La restricción, ya plenamente en vigor, reduce la actividad de las plantas en Andalucía y eleva los costes para la industria en varias comunidades autónomas.

La entrada en vigor total de la limitación al traslado de residuos peligrosos a Andalucía ha dejado sin tratamiento más de 100.000 toneladas procedentes de otras comunidades autónomas, según advierte la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre). La medida, efectiva desde el 26 de abril tras la caducidad de las últimas autorizaciones, impide que estos residuos sean gestionados en instalaciones especializadas de la comunidad andaluza.

La restricción deriva de la ley de economía circular aprobada por la Junta de Andalucía en 2023 y establece limitaciones a la entrada de residuos peligrosos generados fuera de la comunidad. Esta decisión, según el sector, entra en conflicto con el principio de proximidad recogido en la legislación estatal, que promueve el tratamiento de residuos en la instalación adecuada más cercana al lugar de generación, independientemente de las fronteras administrativas.

Desde Asegre se sostiene que la aplicación de este principio por parte de Andalucía genera distorsiones operativas. Como ejemplo, señalan que un residuo generado en Almería puede trasladarse a Huelva dentro de la comunidad, recorriendo cientos de kilómetros, mientras que no podría enviarse desde Badajoz pese a su menor distancia. Esta situación, apuntan, introduce barreras internas que dificultan la gestión eficiente de los residuos.

El impacto también se traslada a las instalaciones de tratamiento ubicadas en Andalucía, que operan actualmente por debajo de su capacidad. Estas plantas, caracterizadas por un alto nivel de tecnificación e inversión, ven comprometida su viabilidad económica, con posibles repercusiones en el empleo.

A nivel nacional, la industria productora de residuos se enfrenta a un incremento de costes logísticos y operativos, al verse obligada a recurrir a alternativas más lejanas o incluso fuera del país. Esta situación afecta especialmente a comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias, que pierden acceso a parte de la capacidad de tratamiento disponible.

En el plano regulatorio, tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Secretaría de Unidad de Mercado del Ministerio de Economía han analizado la medida y cuestionan su compatibilidad con la normativa estatal. Según estos organismos, la legislación vigente no contempla prohibiciones generales al traslado de residuos entre comunidades autónomas, sino un sistema de evaluación caso por caso, y existen alternativas menos restrictivas para alcanzar los objetivos ambientales.

En este contexto, el sector aboga por reforzar un enfoque coordinado a escala nacional que permita consolidar una red integrada de instalaciones de tratamiento. La ley estatal de residuos de 2022 ya recoge esta necesidad, con el fin de garantizar una gestión eficiente, mantener la competitividad industrial y evitar la fragmentación del mercado.

Asegre considera que una estrategia común es clave para asegurar el funcionamiento del sistema de gestión de residuos en España, así como para evitar ineficiencias tanto económicas como ambientales derivadas de medidas unilaterales.