ASEGRE recuerda que la gestión de residuos industriales y peligrosos no es competencia de los Ayuntamientos y que en la provincia de Valladolid existen 40 gestores de residuos industriales, de los cuales 15 son de residuos peligrosos.

ASEGRE rechaza la planta de transferencia de residuos industriales en el polígono San Cristóbal de Valladolid
La propuesta de la planta de transferencia de residuos industriales partió del Ayuntamiento de Valladolid. Foto: Eva Goesswein (cc)

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) no comparte la decisión tomada por el Ayuntamiento de Valladolid de construir un centro de transferencia de residuos en el polígono industrial de San Cristóbal.

ASEGRE considera necesario puntualizar que la gestión de residuos industriales es una actividad mercantil prestada por empresas autorizadas por las Comunidades Autónomas. Concretamente, en la provincia de Valladolid existe una importante actividad de gestión de residuos, con 40 gestores de residuos industriales, de los cuales 15 son de residuos peligrosos.

Dicha organización afirma que estas empresas autorizadas cubren la demanda de la provincia y aseguran el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación sobre residuos, que obliga a garantizar que la gestión de residuos no afecte al medio ambiente ni a la salud de las personas. También que los tratamientos preserven los recursos contenidos en los residuos, preparándolos para la reutilización, reciclaje y valorización. Y si no es posible ninguno de esos tratamientos por motivos técnicos y económicos, utilizar la correcta eliminación del residuo.

Tal y como explica Luis Palomino, secretario general de ASEGRE, “la gestión de los residuos industriales no peligrosos no es competencia de los ayuntamientos, y mucho menos de los residuos peligrosos de origen industrial que se indican en las informaciones relacionadas con el centro de transferencia de San Cristobal. La obligación de la gestión de estos residuos es de quien lo produce, según el principio europeo de quien contamina paga, y el Ayuntamiento tiene la potestad de vigilancia, inspección y, en su caso, de sanción.”

ASEGRE lamenta el interés del Ayuntamiento de Valladolid en promover un servicio que ya está cubierto por la iniciativa privada. “¿Qué pensarían las empresas de automoción ubicadas en ese polígono si esa parcela pública se dedicara a la construcción de un taller mecánico?”, expone Palomino.

ASEGRE considera que si el Ayuntamiento de Valladolid cediera la explotación de esa parcela a una empresa, el consistorio debería percibir, al menos, un canon equivalente a un alquiler de suelo industrial. “De lo contrario, se estarían utilizando los recursos públicos de los vallisoletanos para ayudar a una actividad privada”, concluye Palomino.

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