El sector europeo del reciclaje pide mantener el procedimiento simplificado para el traslado intracomunitario de residuos electrónicos no peligrosos

Un documento conjunto advierte de que endurecer las normas para los envíos de RAEE dentro de la UE podría dificultar la recuperación de materias primas críticas y afectar a la competitividad de la industria europea.

Representantes de la cadena de valor europea de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) han instado a la Comisión Europea a mantener, más allá del 1 de enero de 2027, el procedimiento simplificado o «lista verde» para los traslados intracomunitarios de residuos electrónicos no peligrosos destinados a operaciones de valorización.

La petición se recoge en un documento de posición conjunto en el que el sector considera que la aplicación generalizada del procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (Prior Informed Consent, PIC), previsto en el Reglamento europeo sobre traslados de residuos, supondría un incremento de la carga administrativa, los costes y los plazos para el movimiento de estos materiales dentro de la Unión Europea, sin aportar beneficios ambientales adicionales.

Los firmantes sostienen que los residuos electrónicos no peligrosos constituyen una fuente estratégica de materias primas secundarias y de materiales críticos para la industria europea. En este sentido, defienden que facilitar su transporte entre Estados miembros resulta esencial para abastecer a las plantas especializadas de reciclaje, reacondicionamiento y remanufactura, cuya capacidad está distribuida de forma desigual en la UE.

Según datos citados en el documento, en 2023 se comercializaron en la Unión Europea 14,4 millones de toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, mientras que se recogieron y trataron 5,2 millones de toneladas de RAEE. De ese volumen, 4,8 millones de toneladas fueron recuperadas y 4,3 millones se reciclaron o se prepararon para su reutilización, cifras que, a juicio del sector, evidencian un importante potencial de aprovechamiento todavía sin explotar.

El documento recuerda además que alrededor del 75% de los componentes de residuos electrónicos enviados a instalaciones especializadas de reciclaje se trasladan actualmente mediante el procedimiento de «lista verde», una vez eliminadas las fracciones peligrosas durante las operaciones obligatorias de descontaminación previstas en la normativa sobre RAEE.

Riesgo para la economía circular

Las organizaciones firmantes consideran que extender el procedimiento PIC a estos residuos implicaría autorizaciones caso por caso, garantías financieras, mayores tasas administrativas y retrasos en los envíos. A su juicio, ello podría afectar a la planificación industrial, incrementar los costes de almacenamiento y reducir la disponibilidad de materias primas secundarias para la industria europea.

El documento señala que, según estimaciones del sector, los costes operativos, logísticos y administrativos podrían aumentar entre un 10% y un 50% para determinados operadores. También advierte de que el incremento de las notificaciones administrativas podría desviar recursos de las autoridades competentes, limitando su capacidad para perseguir los traslados ilegales de residuos peligrosos y las exportaciones irregulares fuera de la Unión Europea.

Como alternativa, el sector propone mantener el régimen de «lista verde» para los residuos electrónicos no peligrosos transportados entre Estados miembros, al considerar que este sistema garantiza la trazabilidad y los controles ambientales al tiempo que evita obstáculos innecesarios a la economía circular.

Los firmantes sostienen que esta medida contribuiría a reforzar la recuperación de materias primas críticas, favorecer la inversión en instalaciones europeas de reciclaje y remanufactura y alinear la aplicación del Reglamento sobre traslados de residuos con los objetivos comunitarios en materia de economía circular, autonomía estratégica y competitividad industrial.