El sector de la economía social alerta del riesgo de pérdida de capacidad de recogida y reutilización textil durante la transición a la RAP

CEPES reclama medidas transitorias de financiación para preservar las infraestructuras del sector, que recogen cerca de 119.000 toneladas anuales y generan más de 3.700 empleos.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha advertido del riesgo de que la transición hacia el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los residuos textiles comprometa parte de la infraestructura de recogida, clasificación, reutilización y reciclaje existente en España. La organización reclama medidas transitorias que permitan mantener estas capacidades hasta que el nuevo modelo esté plenamente operativo.

En un comunicado, CEPES señala que el retraso en la implantación efectiva de la RAP, unido a la falta de financiación suficiente y de salidas para el material recuperado, está dificultando la continuidad de las operaciones de las entidades que gestionan el textil usado.

Según la organización, esta situación ya está teniendo consecuencias sobre el terreno. Las empresas del sector han comenzado a adaptar temporalmente la recogida en los territorios más afectados e incluso a suspender o retirar determinados puntos de recogida.

La primera fase de estas medidas supondría una reducción del 7% de la recogida, equivalente a unas 4.000 toneladas, según las estimaciones de la entidad, que advierte de que este porcentaje podría aumentar si no se alcanza una solución.

Un sector que gestiona más del 60% del residuo textil

Las empresas de Economía Social recogieron de forma separada cerca de 119.000 toneladas de residuos textiles en 2024, a través de una red de aproximadamente 30.000 contenedores, diez plantas de clasificación, operadores especializados y redes de reutilización y reciclaje distribuidas por el territorio nacional. La red cuenta también con 310 puntos de venta.

De acuerdo con los datos facilitados por CEPES, estas empresas gestionan más del 60% del residuo textil tratado en España y generan más del 90% del empleo del sector, con más de 3.700 puestos de trabajo. Una parte de estos empleos corresponde a personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

La organización advierte de que una eventual pérdida de estas capacidades antes del despliegue completo de la RAP podría dificultar la recogida de ropa usada en numerosos municipios, reducir las posibilidades de reutilización y reciclaje y afectar al empleo vinculado a estas actividades.

El reto de la recogida separada sigue siendo considerable. Según las cifras incluidas en el comunicado, actualmente solo el 13% de los residuos textiles generados se recoge de forma separada, mientras que el 87% permanece fuera de este circuito.

El retraso de la RAP y la financiación de las inversiones

CEPES señala que las empresas y entidades de la Economía Social han realizado inversiones en instalaciones, equipos, trazabilidad y nuevas capacidades de reutilización y reciclaje para prepararse para la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor.

Sin embargo, sostiene que el retraso en el desarrollo reglamentario ha dejado estas inversiones sin el marco de financiación previsto, mientras aumentan los costes operativos y el volumen de ropa depositada en los contenedores.

Ante esta situación, las entidades consideran que no es necesario crear una nueva red de recogida, sino garantizar la continuidad de la existente mediante mecanismos transitorios de financiación hasta que el sistema esté plenamente desplegado.

También plantean que el futuro modelo se base en una financiación suficiente, la transparencia y la trazabilidad, aprovechando las capacidades ambientales, sociales y territoriales ya desarrolladas.

Continuidad para el empleo inclusivo

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, defiende que la transición a la RAP debe apoyarse en la infraestructura existente y evitar su debilitamiento antes de que el nuevo sistema esté operativo. “Preservar esta infraestructura significa garantizar que España pueda avanzar hacia una economía circular con todas las garantías y, sobre todo, trabajar para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo”, afirma.

Por su parte, María Suau Font, miembro de la junta directiva de AERESS, señala que mantener la red requiere una financiación suficiente y estable que permita sostener las instalaciones, el empleo y la viabilidad de las entidades.

Desde Moda re-, su directora general, Noema Paniagua, incide en la dimensión social de la gestión textil y en la necesidad de que esta se tenga en cuenta en el futuro sistema. Según afirma, cada prenda recuperada forma parte de un modelo que genera empleo y oportunidades de inserción para personas en situación de vulnerabilidad.

En la misma línea, Pedro Sáez, director general del Grupo Social amiab, reclama una actuación de la Administración para garantizar que la transición no ponga en peligro los empleos actuales y permita seguir generando oportunidades de inserción laboral.

CEPES concluye que el mantenimiento de la infraestructura existente dependerá de que se articulen mecanismos que permitan sostener su actividad durante el periodo de transición y asegurar su continuidad en el futuro sistema de gestión de residuos textiles.