La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa piden reforzar la prevención y la reutilización y mejorar los mecanismos de control, seguimiento y sanción.
Más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social han presentado sus aportaciones a la consulta pública previa sobre la modificación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Las entidades consideran necesaria la adaptación de la normativa española a las nuevas obligaciones europeas, pero advierten de que una reforma legislativa tendrá un alcance limitado si no se acompaña de mecanismos eficaces para garantizar su aplicación.
La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa señalan entre sus principales demandas el refuerzo de la prevención y la reutilización, así como de los sistemas de inspección, seguimiento, trazabilidad y sanción. Según las organizaciones, varias de las medidas previstas en la legislación vigente continúan pendientes de desarrollo o presentan dificultades para su aplicación efectiva.
El caso del SDDR
Las entidades ponen como ejemplo el desarrollo del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases de bebidas, cuya puesta en marcha está prevista legalmente para el 22 de noviembre de 2026.
El procedimiento de autorización de las cuatro entidades que aspiran a operar el sistema continúa paralizado en la Comunidad de Madrid, sin un calendario conocido para su resolución. Las organizaciones consideran que esta situación pone de manifiesto las dificultades que pueden surgir entre la aprobación de una obligación normativa y su aplicación administrativa efectiva.
Más prevención y reutilización
En sus alegaciones, las organizaciones reclaman que la prevención mantenga la máxima prioridad dentro de la política de residuos, en línea con la jerarquía europea. Entre las medidas que consideran pendientes figura el desarrollo de la obligación relativa a la venta sin envase de determinadas frutas y verduras, así como la publicación de la relación de productos perecederos excluidos.
El desperdicio alimentario constituye otro de los ámbitos señalados. Las entidades consideran insuficiente el desarrollo de algunas de las actuaciones contempladas en la Ley 1/2025 y reclaman una cuantificación más precisa del desperdicio en las distintas fases de la cadena alimentaria para facilitar el diseño y la evaluación de las políticas públicas.
La propuesta también plantea aumentar el peso de la reutilización frente a un modelo basado principalmente en el reciclaje. Entre otras medidas, las organizaciones proponen ampliar el futuro sistema de depósito al vidrio e impulsar los envases reutilizables, además de desarrollar sistemas de reutilización para el consumo de comida para llevar y el comercio electrónico.
Control de sustancias peligrosas
Otro de los ámbitos incluidos en las alegaciones es la presencia de sustancias peligrosas en productos y materiales destinados posteriormente a procesos de reciclaje o reutilización.
Las organizaciones reclaman reforzar los mecanismos de control y verificación de las restricciones existentes sobre determinadas sustancias y establecer medidas que eviten que productos con contaminantes orgánicos persistentes (COP) entren en circuitos de reciclaje o preparación para la reutilización.
El objetivo planteado es garantizar que el aumento de la circularidad de los materiales no implique mantener sustancias contaminantes dentro de los ciclos de producción y consumo.
Cambios en fiscalidad y costes de tratamiento
Las propuestas incluyen también modificaciones en la fiscalidad ambiental para favorecer las opciones situadas en los primeros niveles de la jerarquía de residuos.
Entre ellas figura destinar la recaudación del impuesto sobre los plásticos a actuaciones de prevención, reutilización y preparación para la reutilización. Las organizaciones plantean asimismo revisar la fiscalidad aplicada a los productos de plástico de un solo uso y elevar y armonizar territorialmente los costes asociados al vertido, la incineración y la coincineración.
También proponen reducir el IVA de los productos de segunda mano y de los productos reparados con el objetivo de mejorar su competitividad económica frente a los productos nuevos.
Inspección, trazabilidad y régimen sancionador
La reforma de la ley de residuos debería abordar, según las entidades, la capacidad de las administraciones para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa. Para ello, reclaman reforzar los sistemas de inspección, seguimiento y trazabilidad, definir las responsabilidades de las diferentes administraciones y establecer un régimen sancionador que resulte efectivo y disuasorio.
Las alegaciones incluyen además medidas relacionadas con la prevención de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entre ellas se encuentra la petición de evitar la destrucción de equipos nuevos devueltos y de buscar alternativas a la eliminación de equipos informáticos completos cuando sea posible garantizar el borrado seguro de los datos.
Las organizaciones consideran que estas medidas deben contribuir a situar la prevención, la reparación y la reutilización en el centro de las políticas de economía circular.
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