La ONU impulsa un protocolo internacional para combatir los delitos ambientales y el tráfico ilegal de residuos

Los países participantes en la COP13 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional han aprobado iniciar el proceso de elaboración de un nuevo protocolo que abordará actividades como el tráfico ilícito de residuos, la minería ilegal y el comercio de especies protegidas.

Los países participantes en la 13.ª Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) han acordado poner en marcha un proceso para desarrollar un protocolo internacional específico sobre delitos ambientales. La iniciativa contempla, entre otras actividades, el tráfico ilícito de residuos, la extracción ilegal de minerales y metales preciosos y el comercio ilegal de fauna, flora y productos madereros.

La resolución que establece este proceso obtuvo más de los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación, pese a la oposición de alrededor de una docena de países. La decisión permitirá constituir un comité ad hoc encargado de elaborar una propuesta de protocolo adicional a la Convención, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional frente a las redes criminales que operan en el ámbito ambiental.

El texto aprobado delimita tres grandes ámbitos de actuación: el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera y sus productos; la minería ilegal y el tráfico ilícito de minerales y metales preciosos, y el tráfico ilegal de residuos. Esta concreción podría facilitar la elaboración del documento, cuyo primer borrador se espera presentar, si es posible, para su consideración en la próxima Conferencia de las Partes, prevista del 9 al 13 de octubre de 2028.

El tráfico ilegal de residuos, entre las prioridades

El tráfico ilícito de residuos figura expresamente entre las actividades que abordará el futuro protocolo. Esta práctica forma parte de un conjunto de delitos ambientales que generan importantes beneficios económicos para las organizaciones criminales y que, en muchos casos, están vinculados a otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o la trata de personas.

Por su parte, el comercio ilegal de recursos naturales genera entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en beneficios criminales cada año. Entre las actividades identificadas se encuentran también la tala ilegal, la caza furtiva, el tráfico de especies amenazadas, la minería ilegal y la contaminación.

El desarrollo de un instrumento internacional específico pretende mejorar la respuesta coordinada de los Estados frente a estas actividades y reforzar los mecanismos de cooperación para combatir las redes delictivas transnacionales.

Mayor participación internacional en la conferencia

La COP13 de la UNTOC se celebró del 19 al 23 de octubre de 2026 en Viena (Austria) y reunió a representantes de 142 países, organizaciones intergubernamentales, pueblos indígenas y más de 320 organizaciones no gubernamentales. Esta participación duplicó la registrada en anteriores conferencias.

Aunque la propuesta de desarrollar un protocolo ambiental generó posiciones divergentes entre los gobiernos, su aprobación fue valorada como un avance para el multilateralismo y la cooperación internacional.

Al cierre de la reunión, Carlos Alberto Sánchez del Águila, presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre delitos que afectan al medio ambiente en el ámbito de la Convención, destacó la importancia del acuerdo: «Esta conferencia ha hecho historia con una declaración clara de voluntad política para garantizar que las redes criminales organizadas no puedan seguir devastando nuestro patrimonio natural con impunidad».

Además del proceso para desarrollar el protocolo ambiental, la COP13 aprobó otras resoluciones relacionadas con la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, entre ellas medidas para combatir los delitos contra el patrimonio cultural, reforzar la aplicación de la Convención y mejorar la colaboración policial frente a las redes dedicadas al tráfico de drogas.

La elaboración del nuevo protocolo abre así una vía para reforzar la dimensión internacional de la lucha contra los delitos ambientales, incluido el tráfico ilegal de residuos, aunque su alcance definitivo dependerá del contenido que se acuerde durante las próximas fases de negociación.