Un nuevo informe de la Environmental Investigation Agency advierte del aumento de la sofisticación y rentabilidad de estas actividades y sitúa el tráfico y la gestión ilegal de residuos entre las modalidades de mayor crecimiento.
Los delitos que afectan al medio ambiente se han vuelto más sofisticados, lucrativos y perjudiciales para los ecosistemas y la sociedad en las últimas dos décadas, mientras persisten importantes deficiencias en la respuesta política e institucional. Así lo sostiene la Environmental Investigation Agency (EIA), entidad con sede en Reino Unido, en su nuevo informe Crimes that Affect the Environment – STILL a critical threat to our future.
El documento actualiza las conclusiones de un informe publicado por la organización en 2008 y alerta de que muchas de las debilidades identificadas entonces continúan sin resolverse. Entre ellas figuran la fragmentación legislativa, el limitado efecto disuasorio de las sanciones, la insuficiente cooperación transfronteriza y la falta de voluntad política para abordar estos delitos.
La EIA plantea que las distintas modalidades de criminalidad ambiental no deben considerarse infracciones aisladas, sino fenómenos interconectados vinculados en numerosos casos a la delincuencia organizada transnacional. El informe también destaca su relación con otros delitos, como el blanqueo de capitales y la corrupción.
Los delitos relacionados con residuos, entre los de mayor crecimiento
El informe sitúa la delincuencia vinculada a los residuos entre las categorías de delitos ambientales de crecimiento más rápido. Estas prácticas abarcan desde fraudes en sistemas nacionales de reciclaje hasta el traslado transfronterizo de residuos bajo declaraciones falsas.
Entre los ejemplos recogidos figura la existencia de esquemas fraudulentos relacionados con el reciclaje en Reino Unido, con un valor estimado de 50 millones de libras anuales (unos 58 millones de euros). El documento también alerta sobre envíos internacionales de residuos plásticos declarados fraudulentamente como reciclables y posteriormente gestionados en instalaciones sin autorización, especialmente en países del Sur Global.
Para la EIA, la opacidad de las cadenas de suministro facilita que materiales y mercancías obtenidos o gestionados ilegalmente puedan incorporarse posteriormente a circuitos comerciales legítimos.
«En todos estos tipos de delitos aparecen elementos comunes: incentivos económicos que superan ampliamente los riesgos asociados a la aplicación de la ley, la corrupción como facilitador estructural, cadenas de suministro opacas y un fracaso sistemático a la hora de tratar los delitos ambientales con la gravedad que merecen», señala Justin Gosling, responsable del programa de Justicia Penal de la EIA.
Crisis climática, contaminación y pérdida de biodiversidad
El informe analiza diferentes modalidades de criminalidad relacionadas con los tres grandes desafíos ambientales: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Entre ellas se encuentra el comercio ilegal de gases refrigerantes de hidrofluorocarbonos (HFC), que, según la organización, implica redes capaces de eludir controles aduaneros e impuestos. La EIA estima que estas prácticas generan pérdidas anuales de unos 77 millones de euros en ingresos por IVA para las administraciones públicas europeas.
El documento también aborda los delitos de contaminación, que reclama dejar de considerar como simples incumplimientos administrativos debido a sus potenciales consecuencias irreversibles para los ecosistemas y la salud pública.
En el ámbito forestal, la tala ilegal, la conversión de bosques y la minería ilícita continúan impulsando la deforestación y la degradación ambiental. La pesca ilegal, por su parte, representaría entre el 15 % y el 30 % de las capturas mundiales anuales y tendría un valor económico de hasta 23.500 millones de dólares, según las estimaciones recogidas en el informe.
La EIA incluye asimismo el tráfico de especies silvestres, que continúa siendo una actividad de gran escala y presenta, además de sus consecuencias sobre la biodiversidad, riesgos para la salud pública.
Marcos legales existentes, pero aplicación insuficiente
Uno de los principales argumentos del informe es que la falta de respuesta no se debe necesariamente a la ausencia de instrumentos jurídicos. La organización considera que existen mecanismos legales y de cooperación internacional que podrían utilizarse con mayor eficacia para combatir estas actividades.
«No se trata de un fracaso por falta de herramientas disponibles; los marcos jurídicos y los mecanismos de cooperación necesarios ya existen. El fracaso ha sido de voluntad política, recursos y coordinación», afirma Gosling.
Entre sus recomendaciones, la EIA plantea reforzar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejorar la cooperación entre países y fortalecer los mecanismos de control y persecución de las redes criminales.
La organización reclama, además, que los delitos ambientales sean considerados una amenaza global para la seguridad y que reciban una respuesta proporcional a su creciente impacto económico, social y ecológico.
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