Reino Unido dará competencias policiales a los inspectores ambientales para reforzar la lucha contra los delitos de residuos

El Ejecutivo británico busca reforzar la capacidad sancionadora y de investigación para combatir redes criminales cada vez más sofisticadas.

El Gobierno del Reino Unido prevé reforzar la lucha contra los delitos en materia de residuos mediante la concesión de poderes de tipo policial a la Agencia de Medio Ambiente (Environment Agency) y a sus agentes de control. La medida forma parte de una estrategia más amplia para intensificar la persecución de estas actividades ilícitas, consideradas cada vez más como crimen organizado.

Según ha informado el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), el Ejecutivo estudia ampliar a estos funcionarios competencias recogidas en la Police and Criminal Evidence Act (PACE) y en la Proceeds of Crime Act 2002 (POCA), entre otras normativas. Esto permitiría intervenir en fases más tempranas de las investigaciones, aumentar el número de procesamientos y debilitar a las redes delictivas mediante el bloqueo de sus beneficios económicos.

De esta forma, la Agencia de Medio Ambiente se convertiría en uno de los pocos organismos no policiales con este tipo de atribuciones, lo que supone un reconocimiento explícito del carácter grave y organizado de los delitos de residuos.

El anuncio se produce antes de la publicación del nuevo Waste Crime Action Plan, que establecerá una estrategia más contundente frente a prácticas como el vertido ilegal o la gestión clandestina de residuos a gran escala.

Asimismo, el Ejecutivo analiza mecanismos para facilitar el intercambio de información entre organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de que bancos y empresas puedan identificar a operadores vinculados a actividades ilícitas y reconsiderar sus relaciones comerciales.

La secretaria de Medio Ambiente, Emma Reynolds, ha subrayado que “el delito de residuos es una lacra que daña el entorno natural, las comunidades y la economía”, y ha defendido la necesidad de adoptar medidas “decisivas” para frenar estas prácticas y llevar a los responsables ante la justicia.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Medio Ambiente, Philip Duffy, ha destacado que, aunque se ha intensificado la respuesta frente a estas redes, resulta imprescindible dotar a los agentes de “todas las herramientas posibles” y reforzar la colaboración con la policía, las autoridades locales y la ciudadanía.

En la misma línea, la ministra de Seguridad y Policía, Sarah Jones, ha calificado el vertido ilegal como “un ataque al entorno compartido” y ha respaldado la ampliación de competencias para combatirlo.

Los cambios legislativos se introducirán cuando lo permita la agenda parlamentaria. Entretanto, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la protección de las comunidades y el cumplimiento de la ley.

En paralelo, la Joint Unit for Waste Crime (JUWC), que integra a diferentes organismos, incluidos cuerpos policiales y la Agencia Nacional contra el Crimen, ha ampliado su equipo hasta los 20 especialistas, entre ellos antiguos agentes, analistas de inteligencia e investigadores financieros.

Entre julio de 2024 y finales de 2025, la Agencia de Medio Ambiente logró 122 condenas relacionadas con delitos de residuos, con 10 penas de prisión inmediata, y clausuró 1.205 instalaciones ilegales.

El Ejecutivo estima que este tipo de criminalidad genera un coste anual de alrededor de 1.000 millones de libras (unos 1.146 millones de euros), en un contexto en el que las redes implicadas son cada vez más sofisticadas y causan un impacto significativo sobre el medio ambiente y las comunidades. Además, la nueva legislación prevé penas de hasta cinco años de prisión para quienes transporten o gestionen residuos de forma ilegal.