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Carlos Bernad

Presidente de Envac Iberia

Los ayuntamientos deben constituirse en uno de los agentes más importantes a la hora de plantear acciones de transformación hacia el paradigma verde y digital.

El pasado mes de julio, el Consejo Europeo aprobó el programa de recuperación “Next Generation EU” (NGEU), dotado con un fondo financiero de 750.000 millones de euros, repartido entre 390.000 millones en ayudas no reembolsables y 360.000 millones en préstamos disponibles a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Se trata de un relevante programa (algunos lo comparan con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial) que deberá facilitar que los sectores público y privado impulsen el reto de transformar las economías europeas en dos direcciones: la transición ecológica y la digitalización. En el caso concreto de España, la asignación del programa financiero se eleva a más de 140.000 millones, de los que algo más de la mitad serán transferencias.

Estamos sin duda, en un momento clave para el futuro de la UE y sus regiones, y en la medida en que las ciudades y los municipios constituyen el tejido vertebrador de los territorios, también el programa NGEU debería constituir una excelente oportunidad para identificar proyectos transformadores en la dirección señalada. Hay que decir, que el programa no supone un cambio de estrategia de la UE respecto a las prioridades que ya había establecido en su agenda transformadora, sino que acelera la ejecución de sus acciones previstas, en la medida en que la emergencia de la Covid-19 en materia climática, sanitaria y económica, ha exigido de un esfuerzo financiero y presupuestario sin precedentes.

Todo el dinero recaudado mediante el programa NGEU y el nuevo presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 se canalizará a través de los programas de la UE ya vigentes. De esta manera, de cara a lograr una economía sostenible, la hoja de ruta prevista es el Pacto Verde Europeo, cuyas acciones se encaminan a impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. El objetivo es conseguir que la UE sea climáticamente neutra en 2050. Y para alcanzar este objetivo, será necesario actuar en todos los sectores de nuestra economía.

Recientes estudios, estiman el coste social que actualmente provoca la emisión de CO2 a la atmósfera entre 80 y 300 dólares por tonelada, con un valor medio de referencia de 170 dólares. La cantidad total de emisiones globales es actualmente de unos 35.000 millones de toneladas, lo que equivale a un coste social estimado en 3,5 billones de dólares anuales. ¿Cabe imaginar de qué manera podrían impactar estos ingentes recursos en el crecimiento sostenible y el bienestar de las personas?

Los ayuntamientos, como la administración más cercana a las personas y responsables de múltiples servicios que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, deben constituirse en uno de los agentes más importantes a la hora de plantear acciones de transformación hacia el paradigma verde y digital. De hecho, el esfuerzo financiero de la NGEU, a través del Pacto Verde, debería servir para que estos entes se instalen definitivamente en ese paradigma digital que de alguna manera señala el modelo de las ciudades inteligentes, donde las tecnologías se ponen al servicio de los gestores públicos y de los ciudadanos para proveerles de recursos respetuosos con el medio ambiente y que satisfagan sus aspiraciones en todos los aspectos.

Es cierto que el salto operado en las ciudades y municipios españoles ha sido impresionante en los últimos 30 años, pero el camino que todavía queda por recorrer es muy importante. He aquí solo unos ejemplos en los que el margen de mejora es todavía espectacular, como el despliegue de sistemas de transporte público y privado más limpios, económicos y sanos; la reconversión de los edificios hacia modelos eficientes desde el punto de vista energético o la transformación de los tradicionales sistemas de recogida de residuos, basados en el empleo de camiones, por otras alternativas tecnológicas que minimizan el impacto ambiental, mejoran el reciclaje y aportan seguridad sanitaria, convirtiendo este servicio básico en otra infraestructura más de la ciudad moderna, sostenible y segura para los ciudadanos.

Sin duda, es el momento de que los ayuntamientos, bien directamente o en asociación con otros, a través de sus organizaciones representativas territoriales, se pongan manos a la obra para identificar y planificar esos proyectos transformadores, y que los eleven al Gobierno de España con el fin de acceder a esos fondos. El periodo de decisión respecto de los proyectos presentados se producirá en el periodo 2020-2021. De manera que no hay tiempo que perder.

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