Mijas abre siete expedientes a FCC por incumplimientos en limpieza y recogida de residuos y reclama más de 6 millones en penalizaciones

El Ayuntamiento ha descontado además más de 300.000 euros en las certificaciones de enero a agosto por servicios no prestados y penalizaciones vinculadas al Plan de Calidad.

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha tramitado siete expedientes sancionadores contra la UTE FCC Barbetium, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del municipio, por distintos incumplimientos detectados durante 2026. Las penalizaciones asociadas a estos expedientes superan los 6 millones de euros, según ha informado el Consistorio.

Además de los procedimientos sancionadores, el Ayuntamiento ha aplicado descuentos por valor de 306.942 euros en las ocho certificaciones mensuales correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto. Estas detracciones responden tanto a servicios que, según la fiscalización municipal, no llegaron a prestarse como a penalizaciones previstas en el Plan de Calidad del contrato.

Dos de los expedientes abiertos han sido calificados como muy graves. Uno de ellos se refiere a la falta reiterada de prestación de servicios ordinarios programados, mientras que el segundo está relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio y de las instalaciones comprometidas en el contrato.

Este último expediente concentra la mayor parte de la cuantía sancionadora, con una penalización equivalente al 7% del precio del contrato, estimada en torno a 6,09 millones de euros. El contrato de limpieza viaria y recogida de residuos fue adjudicado en 2022 y tiene un valor aproximado de 87 millones de euros.

Según los datos facilitados por el Área de Limpieza Viaria, entre enero y agosto se han descontado 286.718 euros por servicios no realizados. De esta cantidad, 169.133 euros corresponden al servicio de recogida de residuos y 117.586 euros a limpieza viaria. A ello se suman otros 20.224 euros en penalizaciones derivadas del Plan de Calidad.

Los meses de julio y agosto concentraron 132.929 euros en descuentos, lo que representa el 43% del total detraído durante los ocho primeros meses del año, coincidiendo con el periodo de mayor actividad turística y poblacional del municipio.

El concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Mijas, Eloy Belmonte, ha señalado que el consistorio realiza un seguimiento diario de los servicios incluidos en el contrato. Según ha explicado, esta fiscalización permite comprobar qué prestaciones se realizan y en qué condiciones antes de validar las certificaciones mensuales presentadas por la empresa.

La sanción vinculada al incumplimiento de las obligaciones de implantación fue iniciada el pasado mes de mayo y continúa en tramitación administrativa. De acuerdo con la información municipal, el procedimiento se encuentra pendiente de su ejecución por parte del departamento competente.

Los expedientes abiertos durante este año se refieren, entre otros aspectos, a la falta reiterada de prestación de servicios programados, incumplimientos relacionados con la implantación del servicio y las instalaciones comprometidas, así como a la falta de comunicación de averías en vehículos adscritos al contrato.

Desde el Ayuntamiento destacan que la fiscalización de las prestaciones se traduce en un doble mecanismo de control: por un lado, el descuento económico de aquellos servicios que no han sido ejecutados y, por otro, la apertura de expedientes sancionadores cuando los incumplimientos pueden constituir una infracción contractual.

Belmonte ha recordado asimismo que el régimen contractual contempla la posibilidad de adoptar medidas adicionales en caso de acumulación de incumplimientos graves. Según ha indicado, la reiteración de este tipo de infracciones podría llegar a abrir la puerta a una eventual resolución del contrato, en función de las condiciones y procedimientos establecidos.

El Ayuntamiento también ha señalado que el contrato incluye un sistema de revisión anual de precios de aplicación obligatoria. La Concejalía considera que esta circunstancia refuerza la necesidad de mantener mecanismos de control sobre el cumplimiento efectivo de las prestaciones contratadas.

Los datos difundidos corresponden a la situación registrada hasta la fecha y algunos de los expedientes continúan todavía en fase de tramitación, por lo que las cuantías y resoluciones definitivas podrían quedar sujetas a la evolución de los procedimientos administrativos.