La gestión de residuos, entre las actividades esenciales decretadas por el Gobierno en la crisis del COVID-19

Diversas entidades europeas de la industria del reciclaje venían toda la semana pasada reclamando su condición de actividad esencial y crítica.

El consejo de Ministros se reunió ayer domingo para aprobar el Real Decreto Ley que regula el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, y cuyo objetivo es reducir el movimiento de personas para poner freno a la propagación del coronavirus COVID-19. El texto legal, que tendrá efecto desde hoy y hasta el próximo 9 de abril, se publicó en el BOE a última hora de la noche de ayer y enumera específicamente las actividades a las que no se aplica, por ser consideradas esenciales, y entre las que se incluye la gestión de residuos y las actividades de descontaminación.

Concretamente, según recoge el Real Decreto en el punto 18 de su anexo, no resulta de aplicación el permiso retribuido recuperable a los trabajadores «que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».

De esta forma, la gestión de residuos es considerada esencial por el Gobierno y sus trabajadores y trabajadoras deberán acudir hoy a sus centros de trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de teletrabajar para aquellas personas que por el tipo de actividad que desarrollan puedan realizarla desde sus casas.

Cabe recordar que la semana pasada diversas organizaciones del sector del reciclaje y la gestión de residuos a nivel europeo solicitaron a las distintas autoridades de la UE, así como de los Estados miembros, que  se reconociera su condición de actividad esencial y crítica, tanto por su beneficio para la salud y el medio ambiente, como por su papel en el suministro de materias primas fundamentales para varios sectores que también mantienen su actividad.