La asociación andaluza de gestores de residuos de construcción alerta de que un proyecto para la modificación de un plan de restauración minero en el municipio de La Zarza busca convertir el lugar en «un vertedero encubierto».

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA) ha presentado, en forma de denuncia administrativa, alegaciones al proyecto de una empresa con sede en Córdoba que permitiría convertir una cantera ubicada en la localidad extremeña de La Zarza (Badajoz) en un vertedero que albergaría residuos producidos en ambas comunidades.

Las alegaciones se presentaron ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minería de Badajoz de la Dirección General homónima de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. En ellas se alerta de la intención de convertir un “plan de restauración minero” en un “vertedero encubierto” de residuos industriales de todo tipo.

Según AGRECA, en el proyecto técnico de modificación presentado ante la Junta por la sociedad promotora se reconoce que “no se van a utilizar residuos mineros para la restauración”, como impone la norma, y que se plantea la posibilidad de “utilizar esta antigua explotación para su relleno con este tipo de residuos industriales”.

Para la asociación de gestores de RCD, en la práctica, aceptar esta modificación supondría otorgar permiso para la conversión de un plan de restauración de hueco minero en un vertedero de todo tipo de residuos, excepto los tóxicos y peligrosos, pero sin proponer la ejecución de un vertedero conforme a la exigente y garantista nueva normativa de ámbito europeo que los regula.

AGRECA denuncia que el proyecto no se ajusta a la legalidad vigente, ya que propone la aceptación de residuos industriales en lugar de áridos reciclados (material procesado en planta de reciclaje) como material de relleno apto para una restauración del espacio.

El proyecto presentado detalla algunos de los residuos que se aceptarían en esta cantera, en la práctica ya fuera de uso, entre los que se incluirían los siguientes:

  • Residuos inertes de Construcción y Demolición (RCD).
  • Residuos producidos por los procesos siderúrgicos de la factoría existente en Jerez de los Caballeros.
  • Residuos producidos por los procesos siderúrgicos de la factoría existente en Mérida.
  • Residuos de producción eléctrica producidos por la planta de biomasa de Mérida.
  • Residuos inertes de mezcla de vidrio y cerámica producidos por la recuperadora de vidrio de Villafranca de los Barros.
  • Escorias.
  • Tierras sucias procedentes de producción de acero.
  • Cenizas volantes.

Para AGRECA, la propuesta de este cambio contradice los principios de economía circular y la gestión responsable de residuos, por “tratarse en su mayoría de residuos industriales de diferentes tipologías, no de una restauración con materiales inertes e inocuos para el lugar de vertido”. Además, la asociación afirma que esta modificación deja la puerta abierta a decenas de residuos de diversa procedencia u origen que no pueden destinarse a vertido.

Por otro lado, la organización recuerda que la mayor parte de los materiales identificados en la propuesta deberían ser depositados en un vertedero de residuos industriales no peligrosos, pero no en un programa de restauración, sino con medidas ajustadas a la normativa europea de vertederos. Por lo tanto, también implicaría planes de vigilancia ambiental, control y depuración de lixiviados, etc. “El Real Decreto 646/2020 que regula la eliminación de residuos en vertedero contempla un sistema de impermeabilización, drenajes y balsas de lixiviación con controles periódicos de aguas subterráneas y superficiales”, argumenta la entidad en un comunicado.

Con respecto al uso de residuos de construcción, para AGRECA el desarrollo del proyecto, tal y como se ha solicitado, supone “un incumplimiento del Real Decreto 105/2008”, que regula la producción y gestión de estos residuos, y que en su artículo 11 prohíbe la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición (sin que hayan sido previamente tratados por una empresa gestora autorizada). Además, “su ejecución puede poner en grave riesgo los acuíferos, aguas superficiales y daños medioambientales en general, llegando incluso a tener alcance en el ámbito penal”, concluye.

 

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