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La Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo sanciona con una multa y la obligación de restituir el terreno a su estado anterior al dueño de una parcela en la que se vertían escombros.

Multa por el vertido de residuos de construcción en una finca de Cádiz

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) de Andalucía, AGRECA, ha celebrado la sanción impuesta por la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Desarrollo Sostenible por un vertido incontrolado de RCD en una parcela situada en el Polígono de Las Salinas, en El Puerto de Santa María.

El proceso sancionador, iniciado en noviembre del pasado año en respuesta a una denuncia interpuesta por AGRECA, resuelve ahora penar al propietario de la finca por una infracción administrativa en materia de protección ambiental. En la resolución se impone una multa económica de 7.000 euros, así como la obligación de restituir el terreno a su estado anterior a convertirse en un vertedero incontrolado de residuos de construcción y demolición.

En su denuncia, AGRECA hacía constar que el depósito de los residuos efectuado de forma ilegal en la finca se estaba realizando además sin ningún tipo de tratamiento, gestión ni control de los mismos.

Limpieza y cierre del solar

Según informa AGRECA, el pasado mes de noviembre, el ayuntamiento de El Puerto de Santa María ya dictaba orden al propietario de la finca para proceder con la limpieza, vallado y cierre de dicho solar.

Especificaba además, que de no cumplirse la orden de ejecución sería el propio consistorio el que se encargaría de realizar las obras requeridas, siendo el propietario el que se haría cargo de las costas de los trabajos a realizar, valorados en 35.480 euros.

El ayuntamiento de la localidad gaditana podría aplicarle multas coercitivas que podrían llegar a los 350.000 euros. Además, también sancionaba al propietario de la parcela por vertido incontrolado de residuos de RCD, así como un delito en contra del medio ambiente, pues las diligencias llevadas a cabo por el ayuntamiento confirmaban que en unos meses la acumulación de escombros en la finca era mayor y su estado había empeorado. Una situación que el consistorio de El Puerto de Santa María entendía como peligroso puesto que podría provocar la proliferación de insectos y roedores, así como dar lugar a nuevos vertidos, convirtiendo la zona en un vertedero incontrolado.

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