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La organización considera necesario apostar por una economía circular en la que se ataje el creciente problema derivado del excesivo consumo de plásticos de usar y tirar.

Bolsas de plástico

Entre las posibles medidas aplicables para reducir el impacto de las bolsas de plástico de un solo uso que ofrece la Directiva Europea 2015/720, la opción escogida por el Gobierno español en su proyecto de Real Decreto se ciñe a la prohibición de su entrega gratuita, una decisión “poco ambiciosa” en opinión de Ecologistas en Acción. Para esta organización, la introducción de instrumentos económicos representa un paso disuasorio tímido y poco contundente con el abanico de medidas que se proponen dentro de la citada Directiva.

Según explica el grupo ecologista en un comunicado, “sería deseable la introducción de otras medidas, como por ejemplo la restricción de la comercialización, propuesta en la propia Directiva, y como las incluidas en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015”. De esta manera, Ecologistas en Acción considera que se deberían primar la prohibición del uso más que regular los aspectos económicos en relación a las bolsas de plástico, siguiendo la estela de lo que se ha hecho en otros países como Francia, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, Marruecos, Cabo Verde, Kenia, Sudáfrica, etc.

Asegura esta organización que la eficacia de la introducción de elementos económicos, como cobrar por las bolsas de plástico, “se ha demostrado como un elemento disuasorio limitado e insuficiente”, por lo que seguir utilizándolos como única herramienta, aunque ahora ampliada a todos los comercios, “es, a todas luces, una medida exigua”.

“En cualquier caso –añade el comunicado– habría que pensar si resulta más conveniente un cobro por parte de los comerciantes o un impuesto o introducción de una tasa ambiental abriendo posibilidades para invertir en proyectos de mejora ambiental, de manera que la recaudación sea gestionada por la administración competente y no por los distribuidores”.

El RD excluye las bolsas muy ligeras (<15 micras) usadas por motivos de higiene o para alimentos a granel. A pesar de ampararse en la propia Directiva que así lo permite, Ecologistas en Acción advierte de que los efectos de estas bolsas en el medio no son para nada desdeñables y que, además, el uso de las mismas es a menudo fácilmente reemplazable.

De esta manera, y en la línea de los comentarios que se hicieron llegar al proyecto de Real Decreto hace apenas un mes, para Ecologistas en Acción, hacer los esfuerzos necesarios para adoptar una buena estrategia de reducción resulta inaplazable.

Planes estructurales

La solución al problema mundial de la contaminación por plástico requiere transformaciones de mayor calado que tengan en cuenta cambios y planes estructurales. Por un lado, el papel de personas consumidoras informadas y participativas será de gran importancia para posibilitar la presión hacia políticas públicas más sostenibles y saludables.

Por otro lado, adoptar medidas de gestión de residuos que tengan en cuenta el aumento de los años de garantía de los productos, la penalización al sobreenvasado, la promoción de la venta a granel y de los sistemas de reutilización de envases, o la eliminación total de las bolsas de un solo uso independientemente de su material, son algunas de las propuestas que, en opinión de Ecologistas en Acción, pueden incidir en cambios más transformadores.

En definitiva, “medidas que impulsen una economía circular, que aborde los problemas de la reciclabilidad, biodegradabilidad, la presencia de sustancias peligrosas en los plásticos y el objetivo de desarrollo sostenible de reducir significativamente los desechos marinos”.

Por último, desde Ecologistas en Acción se considera del todo insuficientes los plazos previstos para la aplicación del RD. Entrará en vigor en enero de 2018, sin previsión de adoptar ninguna medida durante 2017, lo cual “no se ajusta a la temporalización de la Directiva Europea”, que marca un primer objetivo de reducción del consumo máximo (menos de 90 bolsas por persona/año) para diciembre de 2019. Por su parte, el RD español propone el primer análisis de control de la efectividad de las medidas implantadas para, como máximo, enero del 2021 (es decir, un año después de lo marcado por la Directiva Europea). Si el primer objetivo marcado es para 2019, “consideramos inviable que el RD no proponga ninguna medida para adoptar inmediatamente, en el 2017, y realice el primer análisis de control un año después de lo marcado por la Directiva Europea”.

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