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Es la primera vez que en las Islas Baleares se adoptan medidas cautelares –cierre provisional y suspensión de la actividad– contra un gestor de residuos por incumplimiento de la normativa.

El Gobierno balear ordena el cierre de un centro e tratamiento de vehículos
Los responsables de la instalación almacenaban vehículos usados en la vía pública

La dirección general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, ha cerrado, provisionalmente, y por primera vez en la historia del Govern de las Illes Baleares, una instalación de tratamiento y gestión de residuos en el marco de un expediente sancionador por incumplimiento de la normativa.

La medida, que se adopta en la instrucción de un expediente sancionador, se ha establecido en cumplimiento de la Resolución de medidas provisionales dictada por el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos después de que los técnicos del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados inspeccionaran la instalación, un Centro de Recepción y Descontaminación de vehículos fuera de uso ubicado en el polígono de Son Fuster, en Palma, y constataran deficiencias importantes.

El centro, que en 2016 ya fue denunciado por la Guardia Civil y por la Policía Local de Palma por almacenar vehículos parcialmente desmontados en la vía pública, llevaba a cabo la actividad sin la autorización preceptiva, en unas instalaciones que no cumplían la normativa. Además gestionaba y almacenaba inadecuadamente los residuos, de manera que se abandonaban de forma incontrolada piezas y componentes de vehículos en la vía pública, y se mezclaban diferentes categorías de residuos peligrosos y no peligrosos.

El cierre temporal y la suspensión de la actividad son una medida para evitar la continuidad del infractor, garantizar el restablecimiento de la legalidad ambiental y evitar el perjuicio económico de las otras empresas del sector.

La medida adoptada va más allá de la demanda del restablecimiento del medio y las sanciones que se han impuesto tradicionalmente. Y en un futuro no se descarta recurrir a otras herramientas legales, como son las multas coercitivas, con el fin de combatir con más contundencia las infracciones cometidas.

Cierre de otras instalaciones

La Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos no descarta tener que tomar medidas similares al cierre provisional para otras instalaciones de gestión de residuos.

Desde la entrada en vigor del nuevo Real decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, las instalaciones de gestión de vehículos fuera de uso disponen de seis meses para adaptarse. El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca llevará a cabo actuaciones de vigilancia, inspección y control para garantizar que se cumple esta normativa.

Precisamente, desde esta Dirección General se destaca el gran esfuerzo realizado al agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores, especialmente los relacionados con vertidos incontrolados de residuos e incumplimientos normativos por parte de los gestores de residuos.

Así, de 2015 a 2016 el número de expedientes sancionadores abiertos ha aumentado un 187%, pasando de 24 a 69 expedientes sancionadores. En 2017, hasta el mes de marzo ya se han incoado 59 expedientes.

Con respecto a las sanciones, el importe total de las sanciones impuestas en 2015 fue de 21.002 euros, y en 2016, de 94.802,74 euros, cifra que representa un aumento del 77,84 %.

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