La Comisión exige de nuevo a España que limpie sus vertederos ilegales

Alexandra Farbiarz Mas. 

TERRAQUI. Derecho Ambiental. 

La cuestión del estado de los vertederos en España ya fue señalada en el 2007 por la Comisión a raíz de una evaluación de cumplimiento de los Estados miembros de la Directiva de Residuos. En 2008 la Comisión envió a España una advertencia en la que le instaba a cerrar y restaurar 87 vertederos ilegales que, por entonces, recibían hasta 660.000 toneladas de residuos anuales. A parte, también le requería restaurar un gran número de vertederos que ya habían sido cerrados.

Ante la persistencia de la existencia de vertederos ilegales, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE “por la insuficiente gestión a la que se someten los residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia”. Por aquel entonces, la Comisión señalaba que se debían tomar medidas de clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales.

El 15 de marzo de 2017, el TJUE dicta sentencia declarando el incumplimiento respecto a las obligaciones de la Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos, concretamente las derivadas de los artículos 13, relativo a la protección de la salud humana y el medio ambiente, y 15.1, sobre la responsabilidad de la gestión de residuos, ordenando, a su vez, dicha resolución judicial a la adopción de las medidas necesarias tendentes a la observancia de dichas obligaciones.

Ahora, la Comisión Europea vuelve a incidir en esta cuestión al anunciar el envío de una nueva carta de emplazamiento en los siguientes términos:

“La Comisión Europea insta a España a que adopte medidas conducentes al cierre, sellado y regeneración de todos los vertederos restantes de residuos inertes, según exige la Directiva marco sobre los residuos. Estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente. España ha incumplido los deberes de control, inspección y garantía de cumplimiento en relación con el vertido de residuos, y no ha adoptado medidas para garantizar que los productores iniciales o los poseedores de los residuos realicen el tratamiento necesario. Esto constituye un incumplimiento sistemático de las obligaciones derivadas de los artículos 13 y 15 de la Directiva. La primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas. Existen pruebas fehacientes de que todavía hay al menos trescientos treinta y ocho vertederos incontrolados pendientes de cierre o tratamiento. La Comisión envía ahora otra carta de emplazamiento, a la que España tiene dos meses para responder.”