Los gestores sellan una alianza para armonizar la regulación de los residuos sanitarios

Agersan y Asegre consideran urgente unificar las diversas normas autonómicas actuales para establecer métodos de gestión y tratamiento homogéneos para este tipo de residuos.

La Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (Agersan) y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) han suscrito un convenio con el fin de impulsar la armonización de la regulación de los residuos sanitarios en España, para los que todavía no existe una legislación de carácter nacional.

La necesidad de armonización se produce porque la mayoría de las comunidades autónomas han desarrollado normativa propia en materia de gestión de esta tipología de residuos. Esto hace que existan trece comunidades autónomas con legislación específica, lo que genera una gran disparidad normativa para los gestores. Esta falta de homogeneidad es especialmente preocupante para un sector altamente especializado que tuvo que gestionar los residuos que se generaron durante la pandemia del COVID-19, cuando estos profesionales aumentaron su volumen de gestión entre un 350%-400%.

En muchos casos, la legislación de las comunidades autónomas en esta materia data de los años 90 del pasado siglo. Esto implica que no hay una clasificación y nomenclatura homogénea a lo largo del territorio nacional. La heterogeneidad en la regulación de estos residuos dificulta su gestión, la aplicación de economías de escala y la innovación. Además, muchas de las regulaciones autonómicas no recogen la jerarquía de residuos ni los planteamientos de la economía circular.

Por todo ello, ambas organizaciones se comprometen a colaborar en la elaboración de estudios, informes, encuentros institucionales o acciones de comunicación, entre otras iniciativas. En primer lugar, Agersan y Asegre trabajarán conjuntamente en el desarrollo de un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios para facilitar a las Administraciones Públicas competentes el cumplimiento de la Disposición final séptima de la Ley 7/2022, la nueva ley de residuos y suelos contaminados, donde establece que en un plazo máximo de tres años se llevará a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios.

Ambas organizaciones consideran urgente unificar las normas actuales para establecer métodos de gestión y tratamiento, plazos, definición de las enfermedades consideradas infecciosas, una recogida selectiva que evite riesgos durante la gestión y un establecimiento de los contenidos mínimos de los contenedores. Con ello se favorecería la innovación y el desarrollo tecnológico, la competitividad y la aplicación de la economía circular en una actividad que se ha mostrado esencial durante la pandemia.

La gestión incorrecta de los residuos sanitarios peligrosos puede liberar al medio ambiente sustancias que resultan dañinas para la salud de los organismos vivos. Entre este tipo de residuos se encuentran los residuos biosanitarios, químicos, de medicamentos citotóxicos y citostáticos, así como radiactivos.