El SDDR no es una norma de reciclaje: es un proyecto de infraestructura industrial

Luis Medina-Montoya Hellgren.

Director de Desarrollo de Negocio de RVM Systems España y profesor colaborador Universidad Europea.

Detrás de los céntimos de depósito y del plazo de puesta en marcha efectiva se esconde la cuestión que, en general, apenas se está dimensionando en su justa medida: construir, en paralelo y con independencia del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) existente, una infraestructura nueva capaz de gestionar unos 22.000 millones de envases al año. Estos son los números, de volumen, de capacidad y de capital, que deberían ordenar el debate.

Un debate mal calibrado

El debate público sobre el Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDDR) lleva meses orbitando alrededor de tres elementos: el importe del depósito, en torno a 0,10 €; las máquinas de devolución y reembolso (MDR) que aparecerán en los supermercados, y la fecha límite de noviembre de 2026, que fija el Real Decreto 1055/2022 (RDERE). Son los tres elementos visibles. También los menos reveladores para entender la verdadera dimensión del reto.

Porque el SDDR no es un ajuste sobre el sistema de recogida selectiva actual. Es la obligación de levantar un segundo sistema completo de recogida y tratamiento, física y financieramente independiente del canal de la RAP, el contenedor amarillo, que opera hoy. Ese sistema hay que diseñarlo, dimensionarlo, construirlo y financiarlo. Conviene, por tanto, dejar a un lado los céntimos y hablar de toneladas, de parques de máquinas y de capital.

La magnitud: 22.000 millones de envases

El artículo 47 del RDERE define con precisión el ámbito del sistema: botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros para aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, mezclas de frutas y hortalizas recién exprimidas, concentrados para disolución, bebidas refrescantes, energéticas, isotónicas y bebidas alcohólicas; y, para garantizar la viabilidad técnica, ambiental y económica del sistema, también las latas y los envases de cartón para bebidas de esos productos.

A efectos de dimensionamiento, esto significa que las cervezas en lata entran de lleno en el ámbito, un volumen nada menor, mientras que el cartón/brick es, con toda probabilidad, el componente que terminará quedando fuera, principalmente si no queremos causar confusión al consumidor, al quedar excluidos, en todo caso, los lácteos y los productos alimentarios (gazpachos, cremas y similares). Con ese perímetro, la estimación de trabajo se sitúa en unos 22.000 millones de envases al año puestos en el mercado dentro del ámbito del sistema, una cifra que sitúa a España, junto al Reino Unido, como uno de los dos mayores mercados de SDDR que están por arrancar en Europa.

El reparto por material es desigual: en torno al 60 % son latas de aluminio (unos 13.200 millones) y el 40 %, botellas de PET (unos 8.800 millones). Dentro del PET, alrededor del 55 % corresponde a formatos de 1 litro o más, un dato operativamente relevante, porque el formato grande condiciona la frecuencia de vaciado de las MDR, el volumen de transporte y la capacidad de prensado y embalado.

Lo que importa, sin embargo, no es lo que se pone en el mercado, sino lo que circula efectivamente por el canal. A una tasa de retorno del 80 % en el arranque, el sistema gestionaría unos 17.600 millones de envases; en régimen maduro, al 90 % exigido por la normativa, en torno a 19.800 millones de envases al año. Traducido a material recuperado, y se trata de un material monomaterial, separado en origen y mucho más limpio que el del contenedor amarillo, hablamos del orden de 222.000 toneladas de PET y 160.000 toneladas de aluminio anuales.

Un sistema nuevo, no un añadido

Aquí está el punto que el debate suele pasar por alto. El SDDR no se apoya en la infraestructura de la RAP existente: la duplica con un propósito distinto. El contenedor amarillo recoge una fracción mezclada para su clasificación posterior; el SDDR recoge envase a envase, identificado, contabilizado y con un depósito asociado que hay que reconciliar y reembolsar. Son dos circuitos físicos y financieros diferentes.

Esto tiene una consecuencia directa: la capacidad hay que construirla o contratarla, prácticamente desde cero. Es cierto que los grandes operadores de la distribución podrán reutilizar parte de su logística inversa —el “back-haul” de sus propias redes de aprovisionamiento— para evacuar el material desde sus tiendas. Pero esa capacidad propia cubrirá sólo una porción del sistema. El resto, la inmensa mayoría de los puntos de venta pequeños y medianos, la hostelería, los centros de conteo y clasificación, exigirá que la entidad administradora del sistema externalice capacidad y medios adicionales, independientes de la infraestructura de RAP. Ese es, en términos industriales, el verdadero proyecto.

Las capas que hay que levantar

El canal privado del SDDR se compone de tres capas físicas más una digital. Conviene verlas con sus órdenes de magnitud.

Recogida (las MDR). Las máquinas de devolución y reembolso son la cara visible. Los benchmarks europeos y la estructura singular del retail español, unas 24.300 tiendas, con la distribución regional y familiar cerca del 41 % y un operador líder en torno al 28 %, apuntan a un modelo híbrido: MDR de alta capacidad en las grandes superficies y devolución manual en el pequeño comercio y la hostelería. El parque nacional se moverá entre las 10.000 MDR de una primera fase y las 30.000-35.000 de un despliegue pleno, con un caso central en torno a las 18.000 máquinas. Con costes unitarios que van desde los 12.000 € de una máquina autónoma hasta más de 75.000 € en configuraciones modulares o de alimentación a granel, el solo parque de MDR representa una inversión de entre 300 y 850 millones de euros.

Centros de conteo y clasificación. Son los nodos donde se verifica el recuento, base de la reconciliación de depósitos, se clasifica por material y color, y se compacta y embala. Para el volumen español el sistema necesitará del orden de 12 a 18 centros regionales, con una inversión estimada de 120 a 220 millones de euros.

Logística inversa. La flota, las plataformas y los equipos de manipulación que conectan decenas de miles de puntos de retorno con los centros regionales, descontando la logística inversa que aporte la gran distribución, suponen otros 40 a 90 millones de euros.

A todo ello se suma la columna vertebral digital: la plataforma de registro de envases, reconciliación de depósitos, clearing financiero y trazabilidad, con un coste del orden de 20 a 40 millones de euros.

Conviene una precisión sobre una etapa que a menudo se cuenta como parte del sistema y no lo es. La recuperación final del material, su transformación en escamas y granza de rPET, no exige levantar nada nuevo: el sector reciclador español ya existe y tiene capacidad para ello. El administrador del SDDR no fabrica rPET; vende el material recuperado, limpio, monomaterial y trazable, a esos recicladores. Por eso no figura en la factura de capital del sistema: no se crean nuevos actores, se alimenta a los existentes con una materia prima de calidad muy superior a la del contenedor amarillo.

La factura: cientos de millones

Sumadas las capas, el CAPEX total del sistema se sitúa, de forma indicativa, entre 480 y 850 millones de euros, pudiendo acercarse a los 1.200 millones si el parque de MDR alcanza su despliegue pleno. De esa cifra, la parte que no corresponde al parque de máquinas, es decir, la “capa de operaciones” externalizable (logística inversa, conteo y clasificación), representa del orden de 180 a 350 millones de euros.

El contraste con casos europeos recientes ayuda a calibrar. El sistema rumano, RetuRO, invirtió alrededor de 85 millones de euros, unos 60 de ellos en infraestructura, para un sistema que mueve del orden de 5.000 millones de envases anuales con siete centros de conteo y clasificación y más de 800 empleados. El volumen español es aproximadamente cuatro veces mayor, en un mercado con costes más altos y una mayor fragmentación territorial, diecisiete autorizaciones autonómicas, con el cuello de botella que ya conocemos. Las cifras anteriores son, en ese marco, plenamente coherentes.

Cifras clave del canal SDDR (estimación)

El verdadero activo no es la recogida: es el material

Si hay un elemento que reordena la lógica económica del SDDR, es la calidad del material. El flujo de PET que sale de un sistema de depósito es monomaterial, trazable y limpio: exactamente la materia prima que necesita una planta de rPET grado alimentario. Y aquí aparece un desajuste estratégico que el sector conoce bien. El mercado español sufre, en realidad, una bifurcación por calidad: sobreoferta de material de baja calidad procedente del contenedor amarillo, cuyo precio se ha desplomado en 2025-2026 hasta valores nulos o negativos en las subastas de Ecoembes, y escasez del material de alta calidad y ciclo cerrado que produce el SDDR, el único que computa para los objetivos europeos. Y la demanda de ese material va a ser obligatoria: el Reglamento de Envases (PPWR, Reglamento (UE) 2025/40), aplicable desde agosto de 2026, eleva el contenido reciclado mínimo en las botellas de bebida de PET hasta el 30 % en 2030 y el 65 % en 2040, el 25 % vigente en 2025 procede de la anterior Directiva SUP; el PPWR sube y consolida el listón.

El SDDR aporta, de un plumazo, del orden de 222.000 toneladas anuales de esa materia prima idónea. Y el mercado ya refleja la diferencia: mientras el PET del contenedor amarillo cae a cero o a valores negativos, el PET de los sistemas de depósito europeos se mantiene estable en el entorno de 590-670 €/tonelada, como ha documentado Andoni Uriarte recientemente en estas mismas páginas. Esa es la materia prima que el sector reciclador necesita para producir la granza de grado alimentario, en el entorno de 1.200-1.500 €/tonelada, que el PPWR hace obligatoria desde 2030. El material, y no la recogida, es el eje sobre el que debería articularse el modelo económico del sistema.

La economía del sistema

El sistema mueve, además, un volumen financiero considerable. Con un depósito teórico de 0,10 € por envase, el mínimo que establece la legislación española, el flujo bruto anual ronda los 2.200 millones de euros. Los depósitos no reclamados, el 10 % de envases que no vuelven en régimen maduro, y hasta el 20 % en la fase de arranque, suponen entre 220 y 440 millones de euros al año que, bajo el modelo de administrador sin ánimo de lucro, deben reinvertirse obligatoriamente en sostener el sistema, mejorar su eficiencia, la concienciación ciudadana y reducir la cuota a los productores, no en beneficio.

A ello se añaden la compensación por manipulación que perciben los puntos de retorno, y que amortigua parte de su inversión en MDR, y los ingresos por venta de material, del orden de 255 a 335 millones de euros anuales antes de cualquier transformación de valor añadido. En conjunto, un sistema cuyo coste neto se sitúa en el rango habitual europeo de 0,02-0,05 € por envase gestionado mueve, en términos brutos, varios cientos de millones de euros al año.

Conviene, en todo caso, distinguir bien las palancas. El sistema se sostiene sobre dos fuentes fijas de ingresos: las cuotas de los productores y la venta del material recuperado a los recicladores; los depósitos no reclamados son una tercera fuente, pero decreciente conforme sube la tasa de retorno. De ahí una decisión de diseño que conviene subrayar: lo operativo y eficiente es que el administrador del sistema sea propietario del material desde el momento mismo de la recogida, porque sólo así puede capturar y reinvertir su valor. A los productores cabe reconocerles, sobre ese material, una suerte de derecho de tanteo o prioridad de compra del rPET resultante, siempre a precios de mercado. Así se cierra el círculo: el envase que pusieron en el mercado regresa a ellos convertido en materia prima reciclada con la que cumplir las obligaciones de contenido reciclado del PPWR.

La pregunta que viene

Conviene cerrar con realismo. El plazo legal de noviembre de 2026 es, sencillamente, inalcanzable: la entidad o entidades administradoras aún no está autorizada y el proceso administrativo, autorización autonómica más validación por la comisión nacional de residuos, liderada por el ministerio de transición ecológica, sitúa la existencia de un operador u operadores plenamente operativos, en el mejor de los casos, a finales de 2026, con deriva probable hacia 2027. Mi lectura del artículo 50.1 del PPWR como obligación de resultado, el 90 % de recogida separada a 1 de enero de 2029, y no de medios, refuerza un calendario realista de arranque hacia el otoño de 2028, con margen para una implantación ordenada y armonizada.

Pero el calendario no es lo esencial de este análisis. Lo esencial es el cambio de marco: el SDDR debería entenderse como un proyecto de infraestructura industrial, no como una norma de reciclaje más. Y planteado así, las preguntas que de verdad importan son otras. Quién construye, financia y opera esa capa externalizada de logística, conteo y clasificación. Cómo se contrata, y con qué horizonte temporal. Cómo se asegura, desde el diseño, que el material no se quede en “commodity” y se capture su valor como rPET alimentario. Son decisiones de naturaleza industrial y de capital, no meramente regulatoria, y son las que determinarán si España construye un sistema eficiente o simplemente cumple. Es, además, la misma conclusión a la que llega Andoni Uriarte desde el ángulo del material: un operador concebido como proyecto industrial, con responsabilidad sobre la cadena de valor, y no como un mero administrador de depósitos.

Veintidós mil millones de envases al año son, antes que una cifra de reciclaje, una orden de magnitud industrial. Empezar a tratarla como tal es el primer paso para hacerlo bien.

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Las cifras económicas y de capacidad recogidas en este artículo son estimaciones de orden de magnitud, elaboradas a partir de fuentes públicas, sistemas europeos comparables y análisis propio, y son sensibles a los parámetros regulatorios que aún están por cerrar.