Los SCRAP reclaman menos burocracia, más trazabilidad y un impulso al consumo de materiales reciclados

Los principales sistemas colectivos, recicladores y representantes de la Administración analizan en Madrid los retos de la economía circular y las nuevas exigencias europeas.

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), la ecomodulación y la Compra Pública Verde fueron los tres grandes ejes de debate del Foro SCRAP SRR 2026, encuentro organizado conjuntamente por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), Tratamiento Neumáticos Usados (TNU) e Ifema Madrid para analizar los retos de la economía circular en Europa.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en la urgencia de adaptar la normativa a la realidad de cada flujo de residuos, mejorar la trazabilidad y, de manera prioritaria, generar una demanda real y estable para los productos procedentes del reciclaje y la reutilización, favoreciendo que administraciones y empresas los incorporen en sus decisiones de compra.

Los ponentes señalaron la gran paradoja del mercado español: el país dispone de una excelente capacidad tecnológica e industrial para reciclar, pero arrastra graves dificultades para generar una demanda interna que absorba los materiales recuperados. En este sentido, se destacó que el gasto público, que representa el 14% del PIB en la Unión Europea, debe jugar un papel tractor ineludible.

Julio Lorente, responsable de los servicios jurídicos de FER, resumió esta preocupación afirmando que «la economía circular no se decreta, se construye». Advirtió que «si únicamente basamos los objetivos en el porcentaje, Europa no puede competir con materiales reciclados de otros países que no sabemos en qué condiciones se fabrican», e insistió en la urgencia de establecer estrictos mecanismos de control sociolaboral y ambiental en las fronteras comunitarias para proteger la competitividad de la industria local.

Javier de Jesús, director operativo de TNU, incidió en que la Compra Pública Verde debe ser una auténtica herramienta tractora a través de pliegos de contratación que prioricen soluciones maduras disponibles en el mercado nacional. Citó como ejemplos la incorporación de neumáticos recauchutados en las flotas públicas o el uso de polvo de caucho reciclado en los betunes asfálticos para carreteras. «Los sistemas colectivos podemos financiar y organizar la recogida, pero no generar por sí solos la demanda comercial del material, por lo que las políticas de estímulo al consumo son vitales», recordó.

Marta Martínez Guerra, directora general de Servicios del MITECO, reconoció las dificultades técnicas y jurídicas que encuentran muchos órganos de contratación: «La gente quiere contratar en verde, pero falta conocer cómo». Añadió que el mayor miedo de un licitador es que el proceso quede desierto o sufra impugnaciones, por lo que defendió la necesidad de que las administraciones elaboren guías prácticas y criterios técnicos estandarizados que den confianza y simplifiquen los trámites a los técnicos locales.

El debate de esta mesa concluyó con una reflexión compartida por los ponentes: el éxito de la transición verde requiere un cambio de enfoque normativo, donde las políticas de empuje (fijación de objetivos de recogida) se equilibren necesariamente con políticas de atracción (estímulos fiscales, compra pública y concienciación) que garanticen la viabilidad económica de toda la cadena de valor.

Análisis de la RAP en Europa

El foro también analizó la evolución de la RAP y la necesidad de adaptar la ecomodulación. En el primer bloque, los ponentes alertaron sobre el crecimiento de las obligaciones burocráticas y la proliferación de plataformas de reporte. Laura Sánchez Siria (Implica) advirtió que la Administración ha delegado en los SCRAP tareas que exceden su naturaleza, mientras que Jorge Navarro (GENCI) puso el foco en la incertidumbre empresarial que genera la falta de reglas claras a corto plazo. Por su parte, Alicia García-Franco (FER) defendió que la RAP debe concentrarse solo en los flujos donde el mercado libre no es autosuficiente, alertando sobre los riesgos de determinadas posiciones de poder en la gobernanza.

En el segundo bloque se profundizó en la necesidad de evitar modelos uniformes («café para todos») que alteren mercados industriales que ya funcionan de manera eficiente. Pilar Arrayas (Cartón Circular) defendió diferenciar las dinámicas comerciales e industriales del ámbito doméstico, línea compartida por Ester Abascal (Anrepa), quien recordó los consolidados modelos de reutilización en sectores como el de los palés. Asimismo, Joan Ros (Envalora) reclamó un enfoque hacia la prevención y la prolongación de la vida útil, denunciando errores interpretativos que consideran residuo lo que todavía es producto. Finalmente, Esperanza Hidalgo (Repacar) alertó sobre el riesgo de legislar al margen de la realidad técnica de las plantas, y Óscar Hernández (Anarpla) exigió una estructura coherente de tasas que premie económicamente la jerarquía de residuos frente al vertedero.

Consenso en torno a tres grandes prioridades

Como conclusión, el foro determinó que el éxito de la transición verde exige transitar hacia un cambio de paradigma donde las políticas de obligación de recogida se equilibren con políticas de estímulo al consumo, basadas en tres pilares estratégicos:

• Trazabilidad y calidad del dato: Control riguroso de los flujos de residuos desde el origen con una gobernanza compartida entre los SCRAP y los recicladores autorizados para evitar fraudes.
• Simplificación administrativa: Armonización de criterios normativos, plataformas digitales y códigos de registro entre comunidades autónomas para eliminar los cuellos de botella burocráticos que sufren las empresas.
• Estímulos a la demanda: Despliegue de una ecomodulación penalizadora que bonifique el ecodiseño y activación de una Compra Pública Verde obligatoria y segura que sirva de motor comercial para los mercados circulares.

El encuentro puso de manifiesto que la transición hacia una economía circular real requiere un cambio de paradigma normativo: las políticas públicas no pueden limitarse a exigir porcentajes mínimos de recogida si no van acompañadas de un marco económico que estimule el consumo de productos circulares. Solo mediante la implicación coordinada de administraciones públicas, tejido empresarial y consumidores en sus decisiones diarias de compra será posible consolidar mercados estables, proteger la competitividad de la industria del reciclaje y asegurar el cumplimiento efectivo de los exigentes objetivos ambientales de la Unión Europea.