Los Estados miembros respaldan cambios en la legislación sobre baterías, emisiones industriales y datos ambientales, mientras aplazan la revisión de las normas sobre responsabilidad ampliada del productor.
El Consejo de la Unión Europea acordó la semana pasada su posición negociadora sobre parte del denominado paquete «Ómnibus VIII», una iniciativa de la Comisión Europea destinada a simplificar la legislación ambiental y reducir las cargas administrativas para empresas y administraciones sin modificar los objetivos de protección ambiental.
El acuerdo afecta a normas relacionadas con las emisiones industriales, la economía circular y la gestión de datos geoespaciales, aunque deja fuera, por el momento, las propuestas relativas a la responsabilidad ampliada del productor (RAP), cuya tramitación ha quedado suspendida ante las reservas manifestadas por una amplia mayoría de los Estados miembros.
La decisión permitirá iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo una vez ambas instituciones hayan adoptado sus respectivas posiciones.
Normativa sobre baterías
Uno de los principales bloques del acuerdo introduce modificaciones en el Reglamento de baterías con el objetivo de reducir obligaciones administrativas consideradas redundantes y facilitar su aplicación por parte de los operadores.
Entre las medidas aprobadas figura la simplificación de los requisitos de extracción y sustitución de las baterías destinadas a medios de transporte ligeros, cuyo cumplimiento se retrasa 18 meses para determinadas categorías de productos.
El Consejo también ha revisado la definición de «sustancias preocupantes» incluida en el reglamento para evitar duplicidades con otras normas europeas y reducir el número de sustancias cuya presencia debe identificarse en el etiquetado de las baterías.
Menos obligaciones de información para la industria
El paquete también modifica la normativa sobre emisiones industriales para simplificar las obligaciones de información que afectan tanto a instalaciones industriales como a explotaciones ganaderas y acuícolas.
Entre los cambios acordados se encuentra la recuperación del inventario de sustancias químicas como herramienta de seguimiento de productos peligrosos. No obstante, para reducir la carga administrativa, dicho inventario se desvinculará del Sistema de Gestión Ambiental (EMS), permitiendo que los operadores puedan utilizar registros ya existentes elaborados conforme a otras normativas europeas, nacionales o internacionales.
Además, el Consejo establece julio de 2030 como fecha límite para la implantación del nuevo Sistema de Gestión Ambiental previsto en la directiva.
Actualización de la Directiva INSPIRE
Otra de las iniciativas incluidas en el acuerdo revisa la Directiva INSPIRE, que regula la infraestructura europea de información geográfica utilizada para elaborar políticas ambientales.
La propuesta adapta la norma a la legislación europea sobre datos y a la evolución tecnológica registrada desde su entrada en vigor en 2007. Entre otras medidas, actualiza definiciones, simplifica los requisitos técnicos para el intercambio de información y mantiene los principios de interoperabilidad y accesibilidad de los datos ambientales.
El mandato negociador del Consejo también restablece la obligación de intercambio de datos entre autoridades públicas y precisa las circunstancias en las que los Estados miembros podrán limitar el acceso público a determinada información por motivos de seguridad.
La reforma de la RAP queda aplazada
La principal novedad política del acuerdo es la suspensión de las negociaciones sobre las propuestas relacionadas con la responsabilidad ampliada del productor (RAP).
Según el Consejo, la mayoría de los Estados miembros considera más adecuado abordar estos cambios en el marco de la revisión integral de los sistemas de RAP prevista en la futura Ley de Economía Circular de la Unión Europea, cuya presentación se espera para el otoño de 2026.
Como consecuencia, las propuestas que preveían suspender temporalmente la obligación de designar representantes autorizados en los regímenes de responsabilidad ampliada no continuarán su tramitación dentro de este paquete legislativo.
Próximos pasos
La futura presidencia irlandesa del Consejo será la encargada de continuar las negociaciones sobre los elementos pendientes del paquete y de iniciar los contactos con el Parlamento Europeo con el objetivo de alcanzar un acuerdo provisional una vez ambas instituciones hayan fijado sus posiciones.
El paquete «Ómnibus VIII» forma parte de la estrategia europea de simplificación normativa impulsada por la Comisión desde 2025 para reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad de la economía europea, manteniendo al mismo tiempo los estándares de protección ambiental establecidos en la legislación comunitaria.
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