La Xunta advierte de que la futura ley de residuos establece objetivos inabordables para los ayuntamientos

La Consellería de Medio Ambiente se muestra especialmente preocupada por las dificultades que entrañará para los municipios disponer de un sistema de recogida selectiva de residuos peligrosos de origen doméstico  a finales de 2024.

La Xunta de Galicia ha advertido a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) de que el proyecto de la Ley básica estatal en materia de residuos y suelos contaminados fija criterios, deberes y plazos para las entidades locales que son “técnica y materialmente inabordables”, sobre todo en el referido al establecimiento de la recogida separada para facilitar la preparación para la reutilización y reciclado de los residuos peligrosos de origen doméstico.

Así se lo acaba de trasladar la directora general de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, Sagrario Pérez, al presidente de la Fegamp, Alberto Varela, en una carta remitida para informarle de algunas de las propuestas presentadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en el marco del período de enmiendas parciales al documento.

En concreto, en la misiva se exponen que, con su redacción actual, la ley obligará a los ayuntamientos a implantar un sistema de recogida selectiva de aquellos residuos domésticos considerados peligrosos antes de 31 de diciembre del año 2024 con el fin de garantizar que no contaminen otros flujos también de competencia municipal.

A este respecto, la Consellería propone como alternativa que la Comisión de coordinación en materia de residuos elabore un plan de acción basado en la aplicación de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, para que sean estos los que asuman los costes derivados de este nuevo deber.

Por otra parte, en la carta también se advierte de la preocupación del Gobierno gallego respeto de la disposición relativa al procedimiento de desamiantado. En este sentido, avisa de que antes de 1 de enero de 2023 los ayuntamientos deberán elaborar un censo de carácter público en el que figuren todas las instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo a la vez un calendario para su retirada.

Desde el punto de vista de la Consellería, ambas disposiciones resultan “preocupantes” tanto por las dificultades que supondrá para los ayuntamientos tener que cumplirlas dentro del horizonte temporal que establece la propia norma, como por los costes y los retos técnicos y materiales que implicará llevarlas a cabo.