La Xunta autoriza una nueva planta de valorización de residuos de construcción y demolición

Ubicada en la localidad coruñesa de Muxia, y promovida por la empresa Ecodaisan, la instalación tratará casi 5.000 toneladas anuales de RCD de origen industrial o urbano.

La Xunta de Galicia ha emitido declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para una planta de valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD) y almacenamiento de otros materiales semejantes en el ayuntamiento de Muxía (A Coruña). En todo caso, la resolución está condicionada a que se cumplan tanto lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de la documentación evaluada, como los condicionantes y el programa de vigilancia que figuran en la propia DIA.

Promovida por la empresa Ecodaisan, la planta se dedicará a la clasificación, limpieza y valorización de residuos de construcción y demolición de origen industrial o urbano. La finca en la que se ubicará cuenta con una superficie de cerca de 50.000 metros cuadrados, de los que se utilizarán algo más de 20.000 metros cuadrados para el desarrollo de la actividad, dejando el resto de la superficie para ejercer de pantalla vegetal. De hecho, aprovechando la vegetación actual busca minimizarse el impacto visual de las instalaciones en los lugares de interés en el entorno.

La capacidad normal de valorización de la planta se estima en 4.480 toneladas al año y la máxima en 25.000 toneladas anuales. La instalación estará distribuida en distintos espacios para la descarga y selección de RCD mezclados, de almacenamiento de residuos y de las fracciones separadas procedentes de la selección, para residuos bituminosos, para residuos inertes limpios previos a la trituración, de triturado y criba, de almacenamiento de áridos reciclados, de depósito de materiales naturales excavados y una zona habilitada para oficinas y aseos.

Todos los organismos consultados consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud; de aguas y lechos fluviales; del patrimonio cultural; del suelo e infraestructuras, gestión de residuos; protección de la fauna, vegetación, hábitats, espacios protegidos y otros valores naturales; ante accidentes graves o catástrofes, así como integración paisajística y restauración.