Aeversu, Aselip y Circularis advierten de que incluir las plantas de incineración con recuperación de energía en el EU ETS podría aumentar los costes municipales y favorecer el vertido. Proponen que los países que no alcancen los objetivos europeos puedan solicitar una exclusión temporal vinculada a un plan de inversiones en infraestructuras de tratamiento.

Valorización energética de residuos frente al EU ETS
Planta de valorización energética de residuos. Foto: RESIDUOS PROFESIONAL

Las asociaciones sectoriales Aeversu (valorización energética de residuos), Aselip (aseo urbano) y Circularis (gestión de residuos) han solicitado al Gobierno español y a las instituciones europeas que la valorización energética de residuos municipales quede excluida del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS). Las tres organizaciones consideran que incorporar estas instalaciones al mercado de carbono, en un contexto en el que España todavía mantiene una elevada dependencia del vertedero, podría dificultar el cumplimiento de los objetivos europeos de economía circular y descarbonización.

La petición se ha trasladado al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las asociaciones reclaman que la futura regulación tenga en cuenta las diferencias entre los sistemas nacionales de gestión de residuos y las necesidades de infraestructura de cada Estado miembro.

La propuesta de revisión del EU ETS presentada por la Comisión Europea el pasado 17 de julio contempla la incorporación progresiva de la incineración de residuos municipales no peligrosos con recuperación de energía entre 2031 y 2034. También prevé incluir los vertederos en el sistema de seguimiento, notificación y verificación de emisiones y evaluar, antes del 31 de diciembre de 2034, su posible incorporación plena al mercado de carbono.

Según las tres entidades, aplicar un precio armonizado del carbono a la valorización energética podría tener consecuencias diferentes según el grado de desarrollo de las infraestructuras de tratamiento de cada país. Mientras que los países del norte de Europa cuentan con una red consolidada de instalaciones, buena parte de los Estados del sur presenta un déficit de capacidad y una mayor dependencia del vertido.

Las asociaciones justifican su petición en la situación de la gestión de residuos municipales en España. Según los datos de la Comisión Europea recogidos en el comunicado, en 2024 el 47,3% de los residuos municipales generados en el país terminó en vertedero, frente al 21,3% de media en la Unión Europea.

En cuanto al reciclaje, España alcanzó una tasa del 42,5%, 5,6 puntos porcentuales por debajo del promedio comunitario, situado en el 48,1%.

La normativa europea establece que, para 2035, los Estados miembros deberán reducir hasta un máximo del 10% la proporción de residuos municipales depositados en vertedero. De acuerdo con las cifras aportadas por las organizaciones, España tendría que reducir su tasa actual en 37,3 puntos porcentuales para alcanzar ese límite.

En este contexto, Aeversu, Aselip y Circularis sostienen que aplicar el EU ETS exclusivamente a la valorización energética podría alterar el equilibrio económico entre las distintas opciones de tratamiento y provocar un desvío de residuos hacia los vertederos. Las entidades advierten de que este escenario prolongaría la dependencia de una alternativa de eliminación que genera emisiones de metano.

Exclusión condicionada a inversiones en infraestructuras

Como alternativa, las tres asociaciones proponen que la futura reforma del EU ETS permita excluir de su ámbito de aplicación a las incineradoras de residuos municipales de aquellos Estados miembros que no cumplan ni estén en condiciones de alcanzar los objetivos de vertido fijados para 2035.

Esta exclusión estaría condicionada a la presentación de un plan de inversiones destinado a desarrollar las infraestructuras de tratamiento necesarias para cumplir los objetivos europeos. La propuesta busca, según las organizaciones, evitar que la aplicación del precio del carbono dificulte la construcción y modernización de instalaciones necesarias para reducir el depósito de residuos en vertedero.

Las entidades también reclaman que las decisiones regulatorias tengan en cuenta el conjunto del sistema de gestión de residuos y la contribución de las instalaciones de tratamiento a la reducción de las emisiones asociadas al vertido.

Aplicar el principio de «quien contamina, paga»

Las organizaciones plantean, además, que, una vez alcanzados los objetivos europeos de reducción del vertido, el coste del carbono se traslade a fases anteriores de la cadena de valor, como los productores de residuos y, cuando corresponda, los productores de productos.

Su argumento se basa en el principio de «quien contamina, paga», recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A juicio de las asociaciones, las instalaciones de tratamiento final no deberían asumir en exclusiva la responsabilidad económica por las emisiones asociadas a los residuos que reciben, ya que no deciden sobre su generación ni sobre su composición.

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