La industrias de alimentación y bebidas piden el aplazamiento del ‘impuesto al plástico’

Tras la suspensión de una medida similar prevista en Italia, España sería el único país con un impuesto a los envases de plástico no reutilizables, lo que para la industria tendría un gran impacto sobre los precios, ya muy afectados por los costes de la energía y la inflación generalizada.

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado la decisión del Gobierno italiano de suspender el impuesto al plástico, que tenía previsto entrar en vigor en 2023.

Después de la medida adoptada por Italia, España sería el único país de la Unión Europea que contaría con un impuesto de estas características, a partir del próximo 1 de enero, si no se escuchan las reiteradas peticiones para su aplazamiento realizadas al Gobierno español por FIAB y otras organizaciones de la cadena de valor del envase.

Así, esta organización se han vuelto a dirigir a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para reiterarle la preocupación por la delicada situación a la que se enfrentan muchas empresas del sector de alimentación y bebidas y solicitarle de nuevo el aplazamiento, un año, de su entrada en vigor.

FIAB asegura que el Impuesto Especial a los Envases de Plástico no Reutilizables tendrá un impacto directo en las compañías del sector de alrededor de 690 millones de euros, a lo que habría que sumar el de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer otra carga de unos 1.150 millones de euros.

«En las circunstancias actuales, con costes energéticos inasumibles y con una inflación al alza, un nuevo impuesto es inasumible para las compañías del sector», señalan desde la Federación.

Industria del plástico

En la misma línea, la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, AVEP, se ha mostrado también en contra del impuesto a los envases plásticos no reutilizables, por considerarlo «recaudatorio e inflacionista», y que «va más allá de la trasposición de directivas europeas ni de cualquier otra medida que afecte a nuestros vecinos europeos».

Según  Cristina Monge, secretaria general de AVEP, “por si fuera poco, y a menos de 2 meses de su potencial entrada en vigor, la orden ministerial que regula el procedimiento de aplicación del impuesto, no está aprobada y las dudas, y problemas de interpretación se acumulan en Hacienda. La inseguridad jurídica que esto provoca es algo que un gobierno no debería permitir y aún menos auspiciar”.

Por su parte, Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, calcula que el impuesto al plástico podría aumentar hasta un 2% el precio de los productos alimentarios, especialmente aquellos más baratos, donde «el envase es casi más caro que el producto en sí».