La patronal AIPC vincula el aumento de costes en la industria transformadora al encarecimiento de las materias primas por la crisis de Oriente Medio, amplificado por «dinámicas especulativas».
La asociación catalana de industrias del plástico, AIPC, ha solicitado al Ministerio de Hacienda la suspensión temporal del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables (IEPNPR), en un contexto marcado por el incremento del precio de las materias primas y la volatilidad de los mercados energéticos internacionales.
La organización señala que la escalada de costes, especialmente en los materiales plásticos derivados del petróleo, está afectando de forma directa a la industria transformadora y a sectores dependientes como la alimentación, la automoción, la salud, la construcción o la logística. Según la entidad, el actual contexto geopolítico en Oriente Medio está generando tensiones adicionales en las cadenas de suministro y en los precios de producción.
El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, en vigor desde 2023, grava con 0,45 euros por kilogramo los plásticos no reciclados utilizados en envases desechables. La AIPC considera que mantener esta carga fiscal en un escenario de inflación y aumento de costes energéticos incrementa la presión económica sobre las empresas transformadoras, compuestas en gran parte por pequeñas y medianas empresas.
La asociación también advierte de posibles dinámicas especulativas en los mercados de materias primas que, a su juicio, estarían amplificando el encarecimiento de los materiales más allá del impacto derivado del contexto internacional. Según la organización, esta situación dificulta que las empresas puedan absorber o trasladar los costes con la misma capacidad que otros actores de la cadena de valor.
En este contexto, la patronal ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que solicita la paralización temporal del tributo como medida para contener la inflación y aliviar la presión sobre la actividad industrial.
Además de la suspensión del impuesto, la entidad reclama una mayor transparencia sobre el destino de la recaudación obtenida mediante este gravamen, cuya estimación anual se sitúa entre 690 y 724 millones de euros. La asociación considera necesario conocer qué proyectos e infraestructuras vinculadas al reciclaje y la economía circular se financiarán con estos recursos.
La AIPC sostiene que el sector mantiene compromisos relacionados con la sostenibilidad y el incremento del uso de plástico reciclado, aunque defiende que las medidas regulatorias y fiscales deben adaptarse a la realidad industrial y acompañarse de instrumentos que permitan avanzar en la transición hacia modelos circulares sin comprometer la competitividad empresarial.
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