Entra en vigor la prohibición de la destrucción de textiles no vendidos

La medida, prevista en el Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles, obliga a las grandes empresas a priorizar la reutilización, donación o reparación de los excedentes de ropa y calzado.

Desde ayer, 19 de julio, las grandes empresas que operan en la Unión Europea ya no podrán destruir ropa, complementos textiles y calzado nuevos que no hayan sido vendidos. La prohibición, incluida en el Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (ESPR, por sus siglas en inglés), busca reducir el desperdicio de productos y recursos, impulsar la circularidad en el sector textil y fomentar modelos de negocio basados en la reutilización y el aprovechamiento de los excedentes.

La nueva obligación se aplicará inicialmente a las grandes empresas, mientras que las empresas medianas deberán cumplirla a partir de 2030. Las pequeñas y microempresas quedan exentas de esta medida.

La normativa establece que los productos textiles no vendidos deberán destinarse preferentemente a su comercialización, incluso mediante descuentos o canales alternativos, a la donación a entidades sociales o a operaciones de preparación para la reutilización, como la reparación, el reacondicionamiento o la refabricación. Solo cuando estas opciones no sean viables podrá contemplarse su eliminación, respetando en todo caso la jerarquía europea de gestión de residuos y priorizando el reciclaje.

La destrucción de productos únicamente estará permitida en circunstancias concretas, como cuando los artículos presenten problemas de seguridad, estén dañados, vulneren derechos de propiedad intelectual o hayan sido rechazados por organizaciones benéficas y otros sistemas de donación. En estos casos, las empresas deberán justificar documentalmente el motivo de la destrucción y publicar un informe anual con información sobre los productos descartados.

Además, las compañías estarán obligadas a conservar durante cinco años la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa, lo que permitirá a las autoridades nacionales realizar inspecciones y verificar el uso de las excepciones previstas. Los Estados miembros podrán imponer sanciones en caso de incumplimiento.

La Comisión Europea señala que la medida pretende evitar la pérdida de materias primas, agua, energía y otros recursos empleados en la fabricación de productos que nunca llegan a utilizarse, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su eliminación.

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre el 4 y el 9% de los productos textiles comercializados en Europa se destruyen antes de ser utilizados, lo que equivale a entre 264.000 y 594.000 toneladas de textiles al año.

La prohibición constituye una de las primeras medidas concretas derivadas del Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles, en vigor desde 2024. Este marco legislativo establece requisitos para que los productos comercializados en la Unión Europea sean más duraderos, reparables, reciclables y eficientes en el uso de los recursos, y sitúa al sector textil entre los primeros ámbitos de actuación por el impacto ambiental asociado a los actuales modelos de producción y consumo.