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Definiciones precisas del concepto residuo, homologación de leyes, eliminación de barreras a la exportación de materiales reciclables y normalización de la figura del reciclador, son algunas de las reclamaciones de los sectores afectados.

Foro sobre la gestión de residuos en México
Representantes de las diferentes entidades presentes en el “Foro para el Manejo Sustentable de los Residuos y de los Materiales Reciclables en México”. Foto: INARE

El pasado 4 de abril se llevó a cabo el “Foro para el Manejo Sustentable de los Residuos y de los Materiales Reciclables en México”, organizado por la Cámara de Diputados, a través de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al foro acudieron representantes de los sectores interesados como son legisladores, organizaciones ambientalistas, investigadores de las principales universidades públicas, diversas organizaciones empresariales y el Instituto Nacional de Recicladores (INARE), entre otras, así como la empresa de consultoría en Reciclaje con Inclusión Social AVINA.

El propósito del encuentro, fue fijar posturas de cada uno de los sectores interesados acerca de lo  que deberá contener la nueva ley, que será votada el próximo mes de septiembre. La parte industrial expuso la necesidad de que la ley contenga precisiones en la definición de los conceptos de residuos de manejo especial, de manejo peligroso, materiales reciclables, etc.

También pretenden que se consideren los aspectos económicos, reducción de costes y generación de empleos, y que se aborde especialmente la elaboración de trámites, obtención de permisos y reportes en exceso. La necesidad de homologación de leyes en todas las entidades federativas fue otra de las reclamaciones, así como formalizar la exportación de todo tipo de residuos para evitar las economías informales y prácticas comerciales desleales. Por último, se aconsejó no incluir más carga burocrática, mejorar la eficiencia y promocionar las microindustrias.

Se propuso la creación de Normas Oficiales que describan los procesos operativos de los Centros de Acopio, con el fin de evitar operaciones fuera de todo control y regulación

Aplicar las leyes

Las entidades académicas y grupos ambientalistas se pronunciaron a favor de la aplicación de las leyes sin restricciones y una mejor redacción de las mismas, que fije claramente las obligaciones y las sanciones si no se cumplen. También se pronunciaron por cobrar a los generadores de residuos, para que haya más conciencia de prevención, desde el momento mismo de la compra. “El residuo es de quien compra los productos para su consumo”, argumentaron, por lo tanto él es quien debe pagar por los servicios de recolección, traslado, tratamiento y su disposición final, es corresponsable del cuidado del medio ambiente.

En el eslabón de la cadena de reciclaje, a los acopiadores se les identificó como un punto de contacto entre los generadores y los pepenadores o recolectores. Se habló de que son negocios que carecen de regulación por las autoridades competentes en muchos municipios, además de que la mayoría de ellos trabajan de manera informal y sin procesos de trabajo establecidos, siendo todas sus operaciones en efectivo. En este caso se propuso la creación de Normas Oficiales que describan los procesos operativos de los Centros de Acopio, con el fin de evitar operaciones fuera de todo control y regulación en detrimento del medio ambiente, de la calidad de los materiales reciclables y del bienestar de las personas que trabajan en estos centros.

Por otro lado, este sector pidió no poner barreras arancelarias a la exportación de materiales reciclables y que el mercado se autorregule por la oferta y demanda nacional o mercados mundiales. Igualmente, se insistió en la necesidad de una simplificación fiscal para este gremio, así como en la creación de estímulos fiscales para la modernización y mejora de las condiciones laborales.

El ejemplo de Ecuador

También intervino la empresa de consultoría AVINA, que asesoró al Gobierno del Ecuador en la reestructuración del sector de los recicladores de ese país en un “Modelo de Inclusión Social y Solidario” mediante Prácticas económicas, que privilegian al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al bien vivir, en armonía con la naturaleza, sobre el lucro y la acumulación de capital.

Las metas que se plantearon con este plan fueron:

  • Reconocer y formalizar la labor de los recicladores de base.
  • Reconocer su derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad socia, y a la salud.
  • Promover su articulación a sistemas integrales de manejo de residuos sólidos.
  • Permitir la mejora de su capacidad de captar materia prima, darle valor agregado y comercializarla con eficiencia y competitividad.
  • Permitir la generación autónoma del trabajo digno y promover la salida ascendente de la pobreza de los recicladores, en un entorno que recupere y conserve la naturaleza y promueva un desarrollo territorial equilibrado y equitativo.

Mediante este sistema lograron mejorar las condiciones económicas, de salud y de vivienda de los recicladores, y dieron valor a su actividad ante la sociedad.

Desde INARE se animó a los empresarios del reciclaje afiliados a participar en las propuestas que serán recopiladas a lo largo de estos meses, con vistas a la evolución del sector en un horizonte de 20 años, para que sean incluidas en la nueva ley.

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