Competencia propone reforzar la futura normativa sobre residuos textiles

La CNMC sugiere la necesidad de justificar los objetivos de recogida y reciclaje establecidos o confirmar la existencia de infraestructuras suficientes para gestionar los volúmenes de residuos previstos, entre otros aspectos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) por el que se regulan los productos textiles y el calzado y la gestión de sus residuos, y que, entre otros aspectos, contempla la obligación de los productores de este tipo de productos de financiar los costes de recogida, transporte, clasificación, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de sus residuos.

Los residuos textiles son un importante flujo de desechos, acrecentado por el modelo de fast fashion o moda rápida. Además, su reciclaje resulta complejo, ya que muchas prendas están fabricadas con mezclas de materiales y contienen tintes que dificultan su separación y recuperación, lo que provoca un impacto ambiental significativo.

En este contexto, la CNMC valora positivamente el PRD pero recoge diversos aspectos que pueden mejorarse en la norma:

• Justificación de umbrales. Fundamentar, según los principios de necesidad y proporcionalidad, el umbral aplicable a las empresas obligadas a presentar planes de prevención y ecodiseño, así como valorar si conviene reducir el periodo para actualizarlo.
• Objetivos y viabilidad. Justificar adecuadamente los porcentajes de objetivos fijados, analizar su viabilidad y evaluar su impacto en los operadores. También recomienda confirmar la existencia de infraestructura y tecnología suficientes para gestionar los volúmenes previstos.
• Autorizaciones y coordinación. Establecer un plazo para que la Comisión de Coordinación emita sus informes sobre las solicitudes de autorización, asegurar que las especificaciones territoriales que pueda incorporar a las autorizaciones de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) estén justificadas, reforzar los recursos de las administraciones regionales más afectadas por las solicitudes y promover medidas que faciliten las negociaciones de los convenios entre los SCRAP y las administraciones públicas.
• Competencia y transparencia. Realizar una evaluación periódica de los modelos de gestión colectiva para evitar efectos adversos sobre la competencia y garantizar que la gestión de la información se realice a través de terceros independientes.
• Seguridad jurídica. Definir con mayor precisión cuándo son exigibles las obligaciones financieras, para aumentar la seguridad jurídica de los productores.
• Plazos de implantación. Valorar si la fecha establecida (1 de enero de 2029) para aplicar las obligaciones de financiación es razonable para minimizar los costes de adaptación de los operadores.