El Consumer Choice Center advierte de que las obligaciones derivadas del PPWR pueden elevar los costes de las ventas transfronterizas y dificultar la actividad de pequeños comercios.
El Consumer Choice Center (CCC) ha reclamado a la Comisión Europea una pausa y una revisión de las nuevas normas comunitarias sobre envases y residuos de envases, ante el impacto que, según la organización, pueden tener sobre los pequeños y medianos comercios que realizan ventas transfronterizas.
La petición coincide con el inicio de la aplicación del Reglamento sobre envases y residuos de envases (PPWR), que desde el 12 de agosto de 2026 introduce nuevas obligaciones para las empresas que envían productos directamente a consumidores de otros Estados miembros.
Según el Consumer Choice Center, los comercios que realizan este tipo de operaciones deben cumplir los requisitos nacionales aplicables en el país de destino. Entre estas obligaciones se encuentran la inscripción en registros, la participación en sistemas de gestión o recuperación de envases, la comunicación de los volúmenes de envases comercializados y, cuando corresponda, el nombramiento de un representante autorizado.
La organización considera que estos requisitos pueden generar una carga económica y administrativa especialmente elevada para los pequeños operadores con volúmenes reducidos de envíos internacionales.
Diferencias de impacto entre operadores
El Consumer Choice Center sostiene que los costes fijos asociados al cumplimiento de las nuevas obligaciones son más fáciles de asumir para las grandes empresas, mientras que pueden comprometer la viabilidad económica de las ventas transfronterizas de pequeños comercios.
«Cuando un pequeño comercio tiene que gestionar requisitos de registro, obligaciones de información y costes adicionales simplemente para enviar unos pocos paquetes a otro país de la UE, el libre comercio se convierte rápidamente en controles fronterizos burocráticos», señala Jens Teutrine, analista de políticas para Alemania del Consumer Choice Center.
La organización advierte de que esta situación podría reducir el número de comercios que realizan ventas entre países de la UE y, con ello, limitar la oferta disponible para los consumidores. A su juicio, una mayor carga administrativa podría traducirse en menos competencia y precios más elevados.
Petición de una pausa inmediata
El Consumer Choice Center reclama a la Comisión Europea que suspenda la aplicación de las disposiciones que considera más problemáticas y lleve a cabo una revisión integral del marco normativo.
«La Comisión debe detener este enfoque equivocado, no algún día, sino ahora. No basta con anunciar que las normas se revisarán en algún momento del futuro cuando el daño está ocurriendo ahora», afirma Teutrine.
La organización cuestiona así el impacto del PPWR sobre el funcionamiento del mercado único, al considerar que el cumplimiento de requisitos diferentes en función del Estado miembro de destino puede incrementar la complejidad de las operaciones de los pequeños vendedores que comercializan sus productos fuera de sus mercados nacionales.
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