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El Gobierno regional trabaja ya en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular, que será la que defina las áreas prioritarias y acciones a desarrollar en la región.

Nueva ley de economía circular de Castilla-La Mancha
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, participa en el Pleno de las Cortes

El Parlamento autonómico de Castilla-La mancha aprobó el pasado 28 de noviembre la nueva ley regional de economía circular. En palabras del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se trata de “una normativa pionera que marcará la senda hacia un futuro sostenible y que supondrá el inicio para transitar hacia un cambio en el modelo productivo”.

La norma no sólo abarca los residuos sino también los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, como de distribución y consumo. “Todo ello nos permitirá reducir nuestra huella sobre el medio ambiente, optimizar el uso de los recursos y alcanzar el objetivo de ser una economía hipocarbónica y, por tanto, mitigar y adaptarnos más eficazmente al cambio climático”, señaló Escudero.

Según el consejero, esta norma pretende transformar la economía regional y para ello las empresas no estarán solas, ya que va a incentivar la implantación de firmas que apuesten por la economía circular y la generación de nuevas actividades basadas en la innovación, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, favoreciendo la creación de unos 30.000 puestos de empleo verde.

La Estrategia, en el plazo de un año

Asimismo, el Gobierno regional trabaja ya en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular, que estará lista en el plazo de 12 meses, y que será la que defina las áreas prioritarias y acciones a desarrollar en la región. “Creemos firmemente que con la implantación de la Ley y la Estrategia tendremos reducción del consumo de materias primas y reduciremos los impactos asociados a su producción, unido a una reducción de la generación de residuos, y así el impacto para el medio ambiente”.

Por otra parte, también se prevé gravar o penalizar “a los que no se adapten o que lo hagan mal”, a través de la creación de una tasa por vertido, así como una fianza para empresas que trabajen con residuos peligrosos.

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