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Las entidades litigantes denuncian, entre otros motivos, la ausencia en el PIR de los objetivos de reciclaje del 50% para RSU y del 70% para RCD exigidos por la legislación.

El pasado 17 de diciembre acababa el plazo dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a las ocho asociaciones y partidos políticos que interpusieron una demanda contra el Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Plan Integral de Residuos (PIR), para que entregaran el escrito de la demanda. Ese recurso ha sido apoyado también por otras seis asociaciones y colectivos.

Esa demanda ha incluido 16 motivos de impugnación del PIR como son:

  • ausencia de criterios de ubicación de las incineradoras de RSU previstas;
  • ausencia de presupuesto o memoria económica;
  • ausencia de la planificación de todas las infraestructuras necesarias;
  • ausencia del estudio de nuevos sistemas de recogida de los RSU;
  • ausencia del preceptivo Estudio de Paisaje;
  • ausencia del objetivo de alcanzar tasa de reciclaje del 50% para los residuos urbanos y de valorización del 70% para los residuos de construcción y demolición;
  • ausencia del objetivo central de reducción del vertido de residuos biodegradables
  • insuficiencia del programa de prevención;
  • falta de actualización de los datos del PIR;
  • falta de consideración de la nueva definición legal del compost y las exigencias legales sobre el mismo;
  • ausencia de las preceptivas consultas previas a los Ayuntamientos;
  • falta de amparo legal del nuevo órgano Comisión de Coordinación de los Consorcios;
  • omisión de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Residuos PNIR 2008-2015;
  • falta de una relación de lugares históricamente contaminados por residuos;
  • ausencia de evaluación los efectos de las plantas de valorización energética sobre la situación futura de la atmósfera, y
  • ausencia de evaluación de la incidencia del PIRCV sobre la Red Natura 2000.

Ese cúmulo de motivos de impugnación se debe, según Ecologistas en Acción –una de las organizaciones litigantes–, a la baja calidad de la documentación elaborada por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, con la asistencia técnica de IMEDES, a quien se adjudicó en 2006 la licitación por un importe de 243.000 euros para la revisión y “actualización” del PIR.

Sin consultar a los ayuntamientos

El Plan tampoco contiene el preceptivo Estudio de Paisaje exigido a los Planes de Acción Territorial, ni se consultó a los ayuntamientos en la fase de consultas previas, a pesar de que los entes locales son los organismos competentes en la recogida de los residuos urbanos y quienes acogerían las plantas de incineración de residuos, principal novedad del PIR. A este respecto el Plan tampoco estudia la afección a la atmósfera generada por las emisiones contaminantes de las incineradoras.

Según las organizaciones denunciantes, el Plan «apuesta por la recogida anónima de los residuos mezclados en la “bolsa gris”, las ineficientes macroplantas de tratamiento mecánico-biológico de los residuos y los macrovertederos asociados a ellas»

También llama la atención que este Plan no incluye los principales objetivos ambientales exigidos por las Directivas Comunitarias en los próximos años en el tema de residuos, como son la consecución de una tasa de reciclaje del 50% en los RSU en 2020 (actualmente no se llega al 25%), la valorización del 70% de los residuos de construcción y demolición en 2020, la reducción del 10% en la generación de residuos en esa misma fecha, o la reducción a un 35% del vertido del residuo biodegradable respecto al que se vertió en 1995.

En definitiva, según la organización ecologista, el Plan Integral de Residuos “no evalúa el cumplimiento del anterior Plan de 1997 y la situación caótica de la gestión de los RSU, y persiste en los mismos errores, apostando por la misma organización territorial de los Planes Zonales, la recogida anónima de los residuos mezclados en la “bolsa gris”, las ineficientes macroplantas de “tratamiento” mecánico-biológico de los residuos y los macrovertederos asociados a ellas, que tantos problemas ambientales y molestias están causando a las poblaciones limítrofes”.

Ecologistas en Acción considera además un agravante que la solución del PIR a la colmatación acelerada de los vertederos sea “la incineración de la llamada “fracción rechazo”, que actualmente supone el 70% de los residuos que entran en esas instalaciones llamadas de ‘reciclaje’”.

Asimismo, las entidades demandantes denuncian la “defectuosa tramitación” de ese Plan, que no evaluó los impactos sobre las Red Natura 2000, ya que contempla la instalación de plantas de tratamiento, valorización y eliminación de residuos en espacios naturales protegidos pertenecientes a esa Red.

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